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Canarias exige a Madrid la fijeza de los empleados públicos temporales

Canarias exige a Madrid la fijeza de los empleados públicos temporales

Una PNL de CC aprobada por unanimidad insta al Gobierno de España a que adapte la legislación a la sentencia del tribunal europeo

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de marzo 2024, 09:00

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«Que se haga justicia con los empleados públicos en abuso de temporalidad» es el objetivo último de la proposión no de ley (PNL) presentada por el Grupo de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias y que fue aprobada por unanimidad. En esta iniciativa se propone que el Gobierno de España adapte la legislación nacional para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado 24 de febrero criticó el alto número de empleados de larga duración de la administración que siguen siendo interinos e instó a hacerlos fijos.

Defendió la iniciativa la parlamentaria nacionalista Socorro Beato, quien destacó que la mayoría de las personas en abuso de temporalidad son mujeres de más de 50 años y recordó que su grupo parlamentario ya mantuvo que la ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público «no era la solución». Destacó que la única salida al abuso de temporalidad es la fijeza.

Puntualizó que CC «se quedó sola» defendiendo que había que estabilizar a las personas no a las plazas así como que existían vías legales para hacerlo, o que las indemnizaciones no eran una solución. «A todo nos dijeron que no». Sin embargo, subrayó, el Tribunal de Justicia de la UE «puso negro sobre blanco» todo lo que defendieron los nacionalistas en Canarias y Ana Oramas en el Congreso.

Insistió en que CC está donde ha estado siempre y tras conocer la sentencia, pidió que España modifique las leyes porque el TJUE «vincula a jueces y tribunales y a los poderes públicos».

Situación contradictoria

Además, aunque esta es una sentencia que solo afecta al personal laboral, se mostró convencida de que el tribunal europeo no se apartará de esta doctrina y seguirá la misma línea en todos los procesos. Resaltó igualmente la situación contradictoria de que España solicite a las empresas privadas lo que no hace en el empleo público.

Por eso, solicita al Gobierno que «dé un paso» y se adapte a la doctrina europea, lo que espera que redunde en un empleo público «mejor y saneado» y «dar carpetazo a un problema que hasta el momento Madrid no ha sabido resolver», indicó Socorro Beato.

Los grupos Mixto (AHI) y de ASG coincidieron en que la sentencia europea es un «varapalo» para las administraciones y tribunales españoles de una manera «rotunda». El diputado herreño Raúl Acosta destacó que esta PNL cumple con el mandato de cambiar la legislación porque «es de justicia para todos los trabajadores» y por tanto, la normativa debe cambiarse para adecuarla a lo que mandata el TJUE y que los trabajadores públicos tengan una solución definitiva.

Por su parte, el parlamentario gomero Jesús Ramos también valoró que la norma española se creó «con un buen objetivo» y se está avanzando en la estabilización «como nunca», aunque es necesaria su revisión.

Desde Nueva Canarias, Natalia Santana expresó su apoyo a esta iniciativa que pretende la aplicación de la sentencia e insta a que el abuso de temporalidad culmine con la integración del trabajador en la función pública. Esta formación, dijo, defiente a los empleados públicos y su estabilidad porque repercute en la calidad del servicio que prestan. A la vez, señaló, se avanza hacia la modernización de las administraciones porque se necesita una administración «robusta y capaz al servicio de las demandas y que responda de manera ágil y eficaz» a la ciudadanía.

La diputada popular Mónica Múñoz mantuvo igualmente que España debe adaptarse a la sentencia europea y criticó que, a su juicio, el Gobierno central «no ha intentando buscar soluciones al personal afectado, excepto por la ley 20/21 que presenta dificultades de aplicación». Reclamó acuerdos urgentes para evitar desigualdades en el acceso al empleo público.

La diputada socialista Rosa Bella Cabrera se refirió a que la meta de la ley era dar estabilidad a los empleados que llevaban años trabajando en situación precaria porque no se convocaban procesos para su estabilización. Aún se desconoce, dijo, el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recordó que incluso el Tribunal Supremo ha pedido aclaraciones antes de trasponerla.

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