Varias personas fuermen al raso frente al campamento de Las Raíces, en Tenerife, desde la semana pasada. / C7

Las plataformas ciudadanas denuncian «un nuevo atropello» a los migrantes en situación de calle

Piden a las autoridades una política coordinada para dar una alternativa y frenar los desalojos que solo contribuyen a su criminalización

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

A las afueras del campamento de Las Raíces, en Tenerife, acampan desde el pasado martes seis personas después de ser expulsadas. Lo ha denunciado la Asamblea de Apoyo a Migrantes, que ha cargado directamente contra Accem, la entidad gestora del recurso, por no dar las explicaciones que les han llevado a tomar la decisión. A esto se suma la falta de alternativa habitacional, que les aboca a una situación de calle «sin techo, atención legal, sanitaria y expuestos a las inclemencias del tiempo». En concreto, cerca del campamento se pueden alcanzar temperaturas por debajo de los 8ºC y una humedad que llega al 80%, sin contar con las lluvias que, a menudo, convierten el terreno en un lodazal.

Los voluntarios, de momento, no han confirmado ninguno de los dos supuestos sobre los que vienen advirtiendo tanto las ONG como la Delegación del Gobierno desde principios de este año: por un lado, las personas que abandonen los recursos del Estado quedan al margen de su sistema de protección y, por otro, que las violentas serán expulsadas para preservar la seguridad de los trabajadores y el resto de los acogidos. Tampoco han recibido la cooperación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacia quienes extienden sus críticas porque, aseguran, «contribuyen a criminalizarlos».

En este sentido, la plataforma Somos red denunció otro suceso que tuvo lugar también la semana pasada, en vísperas del Día Internacional del Migrante. Explican que un dispositivo policial acudió a un lugar de la capital grancanaria en el que se refugiaban varias personas y les obligó a desplazarse hacia otro sitio. Un comportamiento que, a su juicio, sigue un patrón, ya que se ha repetido desde finales del año pasado, cuando la isla ocupó las portadas de los diarios a nivel global por las condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos en el muelle de Arguineguín.

La ocupación de los centros se mantiene al 38% a pesar del repunte, según datos de la Delegación del Gobierno

Los desalojos, continúan, se han venido justificando bajo la excusa de dedicar al turismo las playas -donde muchos se asentaban- o de responder a quejas de los vecinos de zonas residenciales. El pretexto de la última actuación, según la plataforma, fue la de proteger a las personas desplazadas de una supuesta «tormenta perfecta» que se cernía sobre el archipiélago. Sin embargo, la denuncia es la misma que la de la Asamblea de apoyo: no se les proporcionó una alternativa. «Lo que se les ha ofrecido es a seguir en la calle, pero en un lugar donde no se les viera», critican.

Frente a esta situación, los voluntarios reclaman una política coordinada entre las autoridades locales, insulares y regionales que respete sus derechos. «Todas ellas tienen derecho a ingresar en centros en los que se garanticen la orientación legal, laboral y la atención sanitaria y psicológica requeridas, así como la enseñanza del español para poder enfrentar los desafíos derivados de su condición», defienden.

Con respecto a los recursos estatales, ambas plataformas hablan de «castigos ejemplarizantes» para afrontar las carencias, que van desde «pésimos servicios» hasta «tratos vejatorios» y que provoca tanto conflictos internos como un incremento de las personas que terminan en situación de calle, huyendo de ese contexto. A pesar de que reconocen que ha habido mejoras con respecto al último año, entienden que se debe a la menor presión de los centros -gracias a la apertura de fronteras tras el fin del estado de alarma- y no a una estrategia política. Además, señalan que quienes se marchan lo hacen desinformados sobre cuál es su situación administrativa al abandonar el centro, lo que vulnera, de nuevo, sus derechos.

Reclaman una solución para los más vulnerables

Actualmente, en el archipiélago continúan 2.700 personas en los centros del Plan Canarias y alrededor de 500 en otros recursos previos a su puesta en marcha, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno. Esto supone una ocupación del 38,5% a pesar del repunte de los últimos meses, lo que supone notables cambios con respecto a la saturación de principios de año.

Con respecto a las personas que se encuentran en situación de calle, la ausencia de datos oficiales y la clandestinidad complican hacer un balance. Sin embargo, tanto las plataformas ciudadanas como las ONG coinciden en que el volumen ha ido a menos desde abril, coincidiendo con la apertura de los aeropuertos y el fin del estado de alarma, lo que ha permitido a muchas personas continuar su proyecto migratorio. Entonces, CEAR apuntaba a unas 1.200 personas en situación de calle en Canarias y Cáritas -cuyos datos no están segregados por raza- había bajado casi un 15% el número de menús diarios repartidos. En la playa de Las Alcaravaneras, los voluntarios de Somos Red también repartía bocadillos a alrededor de 50 personas, aunque habían llegado poco antes a prepararse para atender a 150.

A pesar de esto, las plataformas aseguran que continúan dando asistencia a numerosos migrantes que no cuentan con ninguna red de apoyo y siguen en la calle, sin alternativa. En este sentido, temen que la intención de los desalojos y la ausencia de datos sea invisibilizarlas, contribuyendo a empeorar su situación de vulnerabilidad .