Pestana limita a 45 los delitos graves cometidos por inmigrantes en los últimos tres meses

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, volvió ayer a desvincular la criminalidad y la inseguridad ciudadana en Canarias con la inmigración. Y lo hizo con los datos que desmienten el «relato interesado» que intenta introducir en la sociedad canaria «el discurso del odio que nunca ha tenido cabida en las islas» y que constituyen dijo, «una degradación moral de nuestros valores».

En este sentido, subrayó que los registros de la Policía Nacional indican que las infracciones penales cometidas por inmigrantes desde el mes de noviembre hasta el pasado 20 de enero suman 122. De ellas, la mitad son relativas a documentación falsa, mientas que de las 62 restantes, 45 son delitos que tiene «relevancia» sobre la seguridad, sobre todo agresiones entre los propios extranjeros y robos y hurtos, que son la mayoría. Todos estos hechos, dijo, «han sido esclarecidos y detenidas las personas responsables».

A pesar del aumento del 750% en la llegada de inmigrantes el pasado año, «Canarias no vive una situación de excepcionalidad» respecto a la seguridad ciudadana, insistió el delegado, que estuvo acompañado en una comparecencia ante los medios de comunicación por los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el archipiélago.

En su intervención, Pestana puntualizó que 2020 se cerró con una tasa de criminalidad del 38,7%, la menor de los últimos cuatro años y que supuso una reducción del 11% respecto al ejercicio anterior. Esta reducción coincide con lo ocurrido en el resto del Estado, en parte debido a las condiciones derivadas de la pandemia. Hizo hincapié igualmente en el aumento de los hechos esclarecidos, que supone casi la mitad de los que se produjeron, lo que significa el mayor porcentaje de los últimos doce años y de toda la serie histórica.

Además, indicó que se han tramitado 20 denuncias por infracciones sanitarias en las manifestaciones racistas de las últimas semanas. Añadió al respecto que se está «armando un expediente» para la Fiscalía con lo ocurrido en esas protestas por posibles delitos de odio.

El delegado del Gobierno atribuyó a las formaciones que buscan «rédito político» y a discursos interesados esta vinculación de la inmigración con el aumento de la delincuencia, para lo que se valen de «burdas» estrategias como utilizar imágenes que no se corresponden con las islas o con el momento actual. Pidió además rebelarse contra este discurso «que intenta degradar los valores constitucionales y que nos representan como pueblo». «No cabe la neutralidad» contra estos mensajes de odio, dijo, y llamó a la «responsabilidad» de los partidos políticos porque «no todo vale para criticar al Gobierno».

«Es mentira» que Canarias, y especialmente Gran Canaria se esté convirtiendo en una isla cárcel. El delegado del Gobierno fue tajante a este respecto y achacó ayer este tipo de declaraciones, manifestadas entre otros por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a un «relato interesado» de algunas formaciones políticas.

Recordó que, después de que se hubieran desmantelado de manera «irresponsable» las instalaciones de acogida existentes en Canarias desde la crisis migratoria de 2006, tanto administraciones como ONG demandaron nuevos recursos para responder al repunte migratorio.

En este sentido indicó que se están empezando a poner en marcha todas las instalaciones previstas en el Plan Canarias, con una capacidad de 7.500 plazas en distintas islas, lo que permitirá el desalojo de los hoteles. Sobre este particular, indicó que hoy y mañana continuarán las derivaciones hacia los nuevos espacios. Sin embargo, puntualizó Pestana que la previsión de estas plazas «no significa en ningún caso que siempre vayan a estar al 100%», sino que la estrategia es que la ocupación sea muy inferior pero el Estado debe tener la capacidad para responder a nuevos repuntes.

Detalló al respecto que en los últimos 16 meses llegaron a Canarias 27.600 personas en pateras y cayucos y hoy permanecen 2.000 menores extranjeros no acompañados y 9.000 personas adultas, «es decir, han salido de las islas 16.500 personas». Estos datos, señaló Anselmo Pestana, indican que no se está produciendo la retención de inmigrantes en Canarias.

Negó además el delegado del Gobierno que la Policía Nacional esté dificultando la salida de las islas a los inmigrantes que cuenten con el pasaporte en regla más allá de las restricciones que imponen las distintas comunidades por la incidencia de la pandemia.