Personal interino y deficitario, el gran mal del empleo público

16/04/2019

Los empleados públicos han tenido que volver a la calle para demandar mejoras laborales y recuperar los derechos y salarios recortados durante la crisis. La estabilidad se ha convertido en su principal caballo de batalla. Aún así, afirman que gracias a su trabajo, las islas cuentas con servicios públicos de calidad

Los empleados son el pilar y motor de los servicios públicos, pero no se sienten bien tratados por la administración. Lejos de la visión generalizada y «malinformada» de que son unos privilegiados, la plantilla pública entiende que, sobre todo desde la crisis, se les restó derechos y salarios que aún no han sido repuestos en su totalidad. Aún así, el gran mal del empleo público es el déficit de personal y la interinidad, lo que deriva en una sobrecarga de trabajo, más allá de las diferentes áreas o de que la competencia esté en Madrid o la comunidad autónoma.

En el último año, los trabajadores de la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), los funcionarios de Prisiones y Justicia o los interinos de Educación, entre otros colectivos, han tenido que volver a las movilizaciones y salir a la calle a defender sus reivindicaciones y pelear sus derechos que, en muchos casos perdieron en 2008 y aún no han recuperado.

Así, el delegado de Prisiones de CC OO en Las Palmas y miembro de la Junta de Personal, Ramón Martínez, señala que los servicios se mantienen a costa de la «sobrecarga» de trabajo sobre los empleados que conlleva una situación de «elevado desgaste» y, en el caso de su sector, sometidos además a las más elevadas ratios de Europa de agresiones y riesgos laborales.

Este escenario, explica la presidenta del comité de empresa de Grecasa, Cristina Llamas (Csif) «se agudizó con la crisis pero no mejoró cuando la mala racha económica acabó». Critica que ahora el dinero se vuelve a invertir en gastos estructurales porque la administración no ve la necesidad de «reforzar y ofrecer formación a sus trabajadores». A su juicio, la crisis resultó una «coartada» para recortar empleo y no completar unas plantillas que se muestra a todas luces deficitaria.

La radiografía que ofrece el área de Justicia en las islas no es mejor. Según Luis Piernavieja, coordinador nacional de la sección sindical de Justicia de Intersindical Canaria (IC), la interinidad es uno de los principales problemas que sufre este sector. Considera que el acuerdo cerrado por el PP para reducir estas tasas hasta el 8% «son simplemente un pantallazo ante el lavado de cara de la Unión Europea pero imposible de aplicar en las Islas». A su juicio, «no hay interés por que se camine en ese sentido».

Lo que califican como el gran mal del sector público, la interinidad, tiene su máximo exponente en Educación, tal como indica Raimundo Ayala, de Insucan y miembro de la Junta de Personal de la provincia de Las Palmas. Al respecto, el dirigente sindical insiste en que en este colectivo se ha pasado en diez años de ratios de interinos «razonables» a «insufribles» y lamenta que en algunas especialidades «no se convoca oferta de empleo desde hace treinta años», además de señalar que es preciso adaptar las convocatorias a la situación real de la docencia porque las fórmulas que se manejan actualmente son «absolutamente obsoletas».

A pesar de todo, los cuatro representantes sindicales del sector público coinciden en que la Comunidad Autónoma cuenta con unos servicios públicos «de calidad» aunque insisten en que es gracias al trabajo de sus empleados «a su pundonor, a su buen hacer». Aún así, hacen autocrítica. Cristina Llamas reconoce que cuando llegó la crisis, cogió a los sindicatos «descolocados» porque «se habían acomodado» y perdido parte de su capacidad de movilización y Ramón Martínez echa en falta unidad sindical como vía para hacer presión a la hora de negociar. Tanto Luis Piernavieja como Raimundo Ayala coinciden en que, aún así, el papel de estas organizaciones en el sector público es imprescindible porque, de otra manera, la administración «se comería a los trabajadores».

En cifras

120.000 empleados públicos.

El número de empleados públicos en las islas es de casi 120.000. De éstos, la mitad son la de la comunidad autónoma, mientras que 23.000 pertenecen a la administración central, algo más de 31.000 a las corporaciones locales y casi 5.000 a las universidades.

30% de interinos

En Canarias, la interinidad en la administración alcanza casi a una tercera parte de los trabajadores. Por el volumen de empleo que registran, las áreas más afectadas son las de Sanidad y Educación, sector éste donde la cifra se ha duplicado en diez años.

11.000 empleos menos.

El Ministerio de Hacienda detalla que, entre 2010 y 2017, Canarias perdió unos 11.000 empleos públicos, de tal forma que la plantilla global de las distintas administraciones, incluidas las universidades, bajó de casi 130.000 empleados a 119.000.

340 trabajadores de déficit

Los funcionarios de prisiones cuentan con el triste récord de ser los más agredidos, una situación que desde CC OO achacan a la falta de personal y de formación. Si se abordaran estas cuestiones, se reducirían en un 70%. El déficit en Las Palmas es de 340 personas.