28/04/2018

Podemos ha decidido denunciar al exconsejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, por una supuesta «prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos» con una carretera que se encareció más de un 67% a pesar de reducirse un 32%.

Fue el propio vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno actual, Pablo Rodríguez, quien dio la pista a Podemos sobre un expediente que, según afirmó en una comisión parlamentaria, contiene «graves irregularidades».

Rodríguez se refería al proyecto para acondicionar el tramo Los Sauces-Cruz del Castillo de la carretera C-830, en La Palma. Fue adjudicado por su antecesor en el cargo en la legislatura anterior, Domingo Berriel, por más de 32,4 millones.

A los tres años, empezaron los modificados, uno que ha encarecido el coste un 67,4% y otro que altera sustancialmente la magnitud de la obra de tal forma que, de 23,5 kilómetros proyectados inicialmente se ha pasado a 15,7 kilómetros, sin que se haya variado el coste. Todos ellos fueron autorizados por Berriel.

En diciembre de 2016, la también exconsejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, ordenó iniciar un expediente de revisión con declaración de nulidad. El testigo lo recogió Rodríguez Valido cuando en junio de 2017, decidió pedir un dictamen al Consejo Consultivo «tres días antes de que caducara el expediente», por lo que la portavoz del grupo parlamentario concluye que «el consejero miró para otro lado».

«Nosotros no lo vamos a hacer», declaró el diputado Manuel Marrero, por lo que ayer se dirigieron a la Fiscalía para denunciar a Domingo Berriel y a «técnicos de la Comunidad Autónoma de Canarias que pudieran haber participado en los hechos», por una presunta comisión de «prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos».

Marrero afirmó que «hemos querido darle una oportunidad al Gobierno para que averiguara y, en su caso, se personara» pero especuló con que «al consejero le dirían que dejara caducar el expediente y así lo hizo».

De todos modos, el diputado aludió al Consultivo al asegurar que Pablo Rodríguez puede reabrir el expediente, decisión que no ha tomado o al menos, no ha informado de ello al Parlamento.