Pocos avances tras el primer año de vida del nuevo Estatuto

09/11/2019

El cambio de Gobierno en Canarias y la ausencia de uno a nivel estatal han impedido iniciar el desarrollo del texto estatutario. Los ejecutivos autonómicos han echado mano de los decretos ley

El 24 de octubre de hace un año el Pleno del Senado aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Frente al rebumbio político y mediático que tal acontecimiento tuvo se opone que el primer cumpleaños haya pasado sin pena ni gloria. Solo el Parlamento le dedicó pocos días atrás uno de sus foros.

En realidad, son escasos los avances que se han producido desde entonces. Ni al Gobierno autonómico que salió, ni al que le ha sustituido le ha dado tiempo de ponerse a desarrollar el Estatuto. La otra razón es la ausencia de un Gobierno estatal formalmente constituido, pieza esencial para, por ejemplo, negociar todo el listado de transferencias reconocidas en la carta magna canaria.

No obstante, el primer hecho que puso en evidencia que algo había cambiado fue cuando un presidente del Gobierno tuvo que ir a declarar en un juzgado ordinario.

Fernando Clavijo había perdido el aforamiento por imperativo estatutario. Canarias fue la primera comunidad autónoma en el que tal prerrogativa decayó y, como no ha habido más reformas, es la única en la que se acabaron las idas de cualquier cargo público al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Al Parlamento algo de la reforma estatutaria ha llegado. El Gobierno saliente le envió el primer decreto ley mediante el que se modificó parcialmente la Ley del Suelo. A éste, le siguieron cuatro más, todos con el objetivo de modificar varias leyes: la de los municipios de Canarias, viviendas, de coordinación de Policías Locales y de la actividad física y el deporte.

La mayoría de estas iniciativas tuvieron que ser convalidadas por una Cámara que cesó su actividad al convocarse las elecciones autonómicas.

El Ejecutivo actual, con apenas dos meses de vida activa -excluidas las vacaciones de agosto y el mes de constitución- ha sido mucho más moderado en el uso de esta capacidad legislativa que le concede el nuevo Estatuto de Autonomía.

Únicamente ha enviado un solo decreto ley, el de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo público en las Administraciones Canarias, que acaba de ser convalidado por los setenta diputados del Parlamento.

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