Los diputados pisan el acelerador para sacar 21 leyes en 2 semanas

15/03/2019

El Parlamento vive un trasiego de ponencias y comisiones para dejar lista la mayoría de las iniciativas legislativas que se agolpan en los dos únicos plenos que hay convocados. El Consejo Consultivo también ‘padece’ estrés al emitir dictámenes urgentes, algunos de forma injustificada

Quedan poco más de once días hábiles para que la presidenta declare disuelto el Parlamento y cierre sus puertas hasta finales de junio. Todo lo que no haya podido llegar a tiempo de ser aprobado en estas dos semanas decaerá, incluidas las 9 proposiciones de ley, 9 proyectos de ley y tres decretos-ley que se agolpan en estos momentos para los dos plenos que hay convocados.

Algunos grupos parlamentarios que ejercen la oposición han apurado los últimos meses para después evidenciar el cumplimiento de algún que otro compromiso electoral que hicieron en las elecciones anteriores. Del mismo modo, el Gobierno no ha parado de enviar al Parlamento proyectos de ley en el último trimestre y además, ahora acaba de descubrir el recurso de los decretos-ley. Al exigir todo ello la intervención preceptiva del Consejo Consultivo, esta institución vive un estrés inusitado.

Sin embargo, pocas iniciativas tienen posibilidades reales de ver la luz. Entre las que se salvan está la que modifica la Ley de Servicios Sociales, puesto que tanto los diputados como el Gobierno se han conjurado para aprobarla en el último pleno -días 26 y 27 de marzo-.

El proyecto de ley de modernización y renovación turística está ya solo a la espera de un segundo dictamen del Consejo Consultivo antes de ir a pleno, como también está casi listo el de patrimonio cultural.

Por contra, probablemente se quedarán atrás la ley del tercer sector, estadística, atención integral de menores y cooperativas; los trámites no han hecho más que empezar.

Las proposiciones de ley acusan mayor retraso. Solamente dos -igualdad y pesca- cumplen el paso previo para su votación definitiva en pleno. El resto, entre las que figuran una nueva regulación de los derechos de los consumidores, la atención temprana, o los menores robados, se encuentran todavía bien en la fase de ponencia, bien en la designación de ponentes.

En cuanto a los decretos-ley, el Gobierno ha aprobado tres desde que entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía que le confiere por primera vez esta prerrogativa.

Dos de ellos, uno que modifica la Ley de Cabildos y otro la del Suelo y Espacios Naturales Protegidos, se basan en compromisos que adquirió el Gobierno autonómico con el central en las comisiones bilaterales reunidas hace años.

De ahí que el Consejo Consultivo haga constar en varios dictámenes su desacuerdo en la urgencia con la que el Ejecutivo se los requiere: «no cabe atender a la causa concreta justificativa de la urgencia esgrimida en este caso puesto que, dado el lapso temporal existente entre dicho momento y el inicio de la tramitación del presente proyecto de ley, el Gobierno ha dispuesto del tiempo requerido para proceder primero a la elaboración de esta iniciativa legislativa e impulsar después su tramitación ulterior».

El uso de los decretos-ley también ha exigido esfuerzos extraordinarios al Parlamento, dado que le sorprendió con un reglamento que todavía no se había adaptado al Estatuto de Autonomía en vigor.

Ello obligó a que la Mesa tuviera que establecer un mecanismo provisional para dar cobertura legal a este procedimiento innovador. Aún así, no se garantiza la aprobación de los decretos-ley; se posibilita su conversión en un proyecto legislativo que, sin tiempo ya para tramitarlo, podría dar al traste con ellos.