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El Parlamento de Canarias ha dado un paso más para la puesta en marcha de la comisión de investigación que analizará las responsabilidades políticas en la gestión de la contratación de material sanitario durante la crisis sanitaria provocada por el covid 19.
Con la vista puesta en que pueda estar trabajando -e incluso con algunas comparecencias- este mismo mes, la próxima semana cada grupo designará a sus representantes y quedará cerrado un acuerdo para su funcionamiento.
Esta es la previsión que manejan las distintas formaciones políticas para llevar a la práctica la iniciativa aprobada por unanimidad de la Cámara a propuesta de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) en el último pleno.
Previamente, ha de quedar consensuado un 'reglamento propio' de funcionamiento. De momento, hay un acuerdo de mínimos al que los grupos pueden introducir modificaciones, correcciones o aportaciones hasta la próxima semana.
Frente a la propuesta inicial de constituir una comisión con 11 miembros, este equipo de trabajo funcionará como una comisión ordinaria, es decir, con 17 diputados que deben ser designados por sus respectivas formaciones: seis del PSOE, cuatro de Coalición Canaria, tres del Partido Popular y un parlamentario por cada uno de los grupos restantes. El voto es ponderado, es decir, cada grupo tiene la misma representación que diputados cuenta en el Parlamento.
Una de las primeras tareas a concretar para empezar a trabajar es el número de comparecientes que puede proponer cada grupo. Las personas que sean convocadas, no pueden renunciar a declarar en la comisión de investigación, aunque sí pueden negarse a responder.
Una vez conformado esta comisión, sus integrantes deben elegir la mesa que la dirija y en la que se perfila como presidente el parlamentario del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI).
Además de ser jurista, los grupos de CC, Nueva Canarias y PSOE destacan su «sentido común, seriedad, capacidad para buscar entendimientos», así como la circunstancia de que no ha estado con anterioridad en la Cámara regional.
Aunque también se había planteado la posibilidad de que estuviera al frente de esta comisión el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, esta opción ha quedado practicamente desestimada porque ya preside la comisión de estudio Sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias.
La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, insiste en que su objetivo es «esclarecer las responsabilidades políticas, porque otro tipo de responsabilidades son competencias de otras instancias» y rechaza «embarrar» este trabajo. Reconoce la complejidad del asunto a abordar porque «no hablamos de material sanitario, sino de la gestión y de quién lo hizo».
No confía en ello el dirigente socialista Sebastián Franquis, quien afirma que el PP va a seguir la estrategia nacional «sin duda». Señala que esta táctica ya la marcaron cuando presentaron la iniciativa y quisieron llamar a este equipo de trabajo 'comisión Torres' con el objetivo de «desgastar la imagen» del expresidente canario y ahora ministro de Política Territorial.
Sobre la actitud que adopte Coalición Canaria, Franquis considera que «seguramente será fiel a su socio, como ya se ha visto en el Congreso, que ha seguido al PP para dañar la imagen de Torres», insiste.
Por su parte, el parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, insiste en que una comisión de investigación «es un buen instrumento, pero no se puede empezar dictando sentencia previa, como ha hecho el PP».
Además, recuerda que las personas que sean llamadas deben tener «relación con el objeto de estudio». Por eso, confía en que se haga un esfuerzo «para no trasladar la crispación que se vive en el Congreso y no se siga una estrategia bronca para quedar bien ante los jefes nacionales».
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