El pacto aprueba el decreto ley para racionalizar el empleo público

La Cámara regional ha convalidado, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno y de Vox y el rechazo de PSOE y NC, el decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad y mejorar la calidad del empleo en la administración pública. Por acuerdo unánime del pleno será tramitado como proyecto de ley.

Este decreto es «un paso adelante» en el proceso para conseguir la transformación y modernización de la administración pública, en opinión de la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, pero para el representante del PSOE, Gustavo Santana, es «una chapuza» e incluso «un churro».

El Gobierno está de acuerdo en que este decreto, ya en vigor, se tramite como proyecto de ley para introducir las mejoras que puedan plantear los grupos parlamentarios en forma de enmiendas o las que puedan sugerir cabildos, ayuntamientos y sindicatos, según Barreto.

La consejera indicó que este decreto es un paso para empezar la transformación de la administración pública canaria, previo a una próxima modificación a fondo de la Ley de la función pública canaria, que se abordará en un plazo de seis meses. Justificó la vía del decreto porque hay cuestiones que no pueden esperar a la nueva Ley de la función pública, como la necesidad de agilizar los procesos selectivos, el nombramiento de interinos, la promoción interna o la forma en que se constituyen las listas de empleo.

Gustavo Santana, portavoz del PSOE, admitió que es preciso actualizar y modernizar la administración canaria, pero replicó que este decreto es «una chapuza» o incluso «un churro» que no se ha negociado con los sindicatos y de cuyo contenido ha advertido el Consejo Consultivo porque puede ser impugnado por los afectados.

Para el representante socialista, es necesario abordar un proyecto de ley de función pública negociado con los sindicatos, pero el Gobierno de Canarias ha perdido ya un año y lo anuncia para dentro de seis meses, mientras aprueba un decreto que no responde ni a la formas ni al contenido y que ya está causando daños jurídicos a los empleados públicos y a quienes quieren acceder al empleo público.

También mostró su posición en contra de convalidar este texto el grupo de Nueva Canarias (NC) cuya diputada, Carmen Hernández, advirtió de que hay artículos inconstitucionales en el decreto y de que genera inseguridad jurídica.

El decreto convalidado incluye un apartado para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas y hace referencia a una modificación de la ley del juego para ampliar la distancia de los negocios de apuestas de los centros escolares, explicó la consejera Nieves Lady Barreto durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias.

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