El Gobierno de Canarias quiere que la financiación autonómica contemple las especiales condiciones de las islas. / c7

Financiación autonómica, del optimismo al recelo

Las comunidades tienen hasta enero para responder a la propuesta enviada por el Ministerio de Hacienda

EFE Madrid

Las comunidades autónomas han recibido con diversidad de opiniones la propuesta inicial para la reforma del modelo de financiación que les remitió hace una semana el Gobierno, en general con optimismo las del PSOE, con recelo y echando en falta algunos aspectos las del PP y con claras reticencias Cataluña.

Aunque hay tiempo hasta enero para responder al Ministerio de Hacienda y las comunidades se disponen a estudiar en profundidad el documento de 240 páginas que les remitió el departamento que dirige María Jesús Montero, todos los gobiernos autonómicos se han pronunciado ya sobre el contenido de la propuesta y sus reacciones parecen dar la razón al presidente valenciano, Ximo Puig, cuando anticipa que el proceso «no será fácil ni feliz».

Ximo Puig, uno de los más beligerantes en esta materia, capaz incluso de sumarse a una manifestación como la del 18 de noviembre para exigir una «financiación justa», considera que la Comunitat Valenciana sale «fortalecida» con el documento «riguroso» que ha presentado el Gobierno, aunque en todo caso ha reiterado que hay que mantener el principio de suficiencia financiera, lo que a su juicio implica más recursos y que haya un reparto que «objetivamente sea justo».

Nada optimista se ha mostrado, en cambio, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha insistido en que su región recibe un «trato muy injusto», mientras su consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, califica de «indefinido» e «incompleto» el documento del Gobierno y teme que este reforme el sistema de financiación mediante una negociación «bilateral» con Cataluña.

Sin embargo, la Generalitat de Cataluña confía aún menos en la propuesta de Hacienda y su Departamento de Economía recela del concepto «población ajustada» sobre el que se articula el sistema, ya que entiende que sus criterios no se ajustan a la realidad de la comunidad, y prefiere que se tenga en cuenta la población real, la paridad del poder adquisitivo y el coste de la vida y de los servicios públicos, a la vez que cree que la infrafinanciación y el déficit fiscal «difícilmente» se corregirán con un modelo «agotado».

Como el Gobierno de Ximo Puig, los restantes ejecutivos socialistas se disponen a estudiar la propuesta y ya desde un principio muestran su confianza en las posibilidades de la iniciativa del Gobierno. Es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «satisfecho» de que «empiecen a pesar más la sanidad y la despoblación» y defensor de que «los caprichos de otros presidentes autonómicos se lo paguen ellos».

El presidente de Aragón, Javier Lambán, otro de los que participaron en la reunión de las comunidades menos pobladas celebrada en Santiago de Compostela el 23 de noviembre, aspira a concertar con las autonomías que comparten visión sobre la reforma de la financiación autonómica una posición común sobre la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda.

Adrián Barbón, presidente de Asturias, debe estudiar todavía el documento pero, a modo de «prevención», ha apuntado ya que, si el proyecto no refleja el «sentir y la solidaridad» que dice el artículo 2 de la Constitución española, a él no le «vale».

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido que se introduzcan aspectos como la pobreza y la renta familiar y no ha dudado en comentar que tampoco estaría mal que las islas saliesen del 'régimen común' en el que están todas las comunidades salvo País Vasco y Navarra.

Desde Baleares, la Conselleria de Hacienda insular ha aplaudido el «primer paso» que supone la propuesta del Ministerio de Hacienda, en la que ve «elementos interesantes» para las islas, como la nueva variable correctora que incorpora los costes fijos de las comunidades de menos población, aunque ha demandado una mayor aportación de recursos a las comunidades.

La Junta de Extremadura se dispone a estudiar la propuesta «con detenimiento y profundidad» y ha insistido en que el nuevo sistema valore el coste de los servicios públicos que prestan las comunidades y las dote de los recursos para hacerlo con equidad.

El Gobierno de La Rioja, a falta de un análisis con detalle, considera que el planteamiento inicial de Hacienda puede suponer alguna mejora de financiación para la comunidad, ya que recoge como variables correctivas la dispersión, despoblación y costes fijos.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria al frente de un Gobierno con el PSOE, ha declarado que la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda recoge «algún dato positivo», pero ha subrayado que no incluye dos factores «clave» como el envejecimiento y la orografía.

El titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que la propuesta del Gobierno tiene «grandes defectos», «tensiona a las comunidades, no acredita que haya ningún fondo adicional y lo único que va a producir es un empantanamiento de alguna posibilidad de crear un nuevo sistema».

La Junta de Andalucía cree que el documento es una «huida» o «patada hacia adelante» del Gobierno, que el problema de financiación persiste y que faltan algunas cosas, entre ellas fondos de financiación transitorio y covid, además de que no concreta cantidades.

En la Junta de Castilla y León no ven la propuesta del Ejecutivo central como un paso adelante puesto que ni incluye más recursos ni da más peso a factores como envejecimiento, dispersión o superficie, por lo que creen que la comunidad perdería dinero, aunque mantienen su «mano tendida» y confían en que se corrija, eso sí, en un debate multilateral.

El Gobierno de Murcia ha lamentado que no se contemplen los criterios de equidad y suficiencia y que no se hable de los fondos de nivelación para las comunidades infrafinanciadas y covid, por lo que ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.