La oposición formaliza las enmiendas a las cuentas «trucadas y sin credibilidad»

Su objetivo con estas iniciativas es devolver las cuentas al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) por considerarlas «trucadas» y «sin credibilidad», además de no resultar eficaces para solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía del archipiélago.

El texto presentado en el Parlamento de Canarias por la consejera de Hacienda, Matilde Asián -el primer presupuesto del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo- recoge un crecimiento del 11% (1.120 millones) sobre las cuentas iniciales de 2023 y por tanto, asciende a 11.300 millones.

Tanto socialistas como canaristas destacan que este límite de gasto no financiero «no es real» puesto que utiliza ingresos coyunturales derivados de la liquidación de 2022, que reconocen que será «extraordinariamente positiva» para gasto estructural.

Esta circunstancia puede generar a medio y largo plazo «problemas de sostenibilidad a las cuentas públicas». Este escenario podría tener como una de sus principales consecuencias «probables recortes» a mitad del próximo ejercicio.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia presupuestaria, Manuel Hernández, tiene «muy claros» los motivos que fundamentan su enmienda a la totalidad y es que el proyecto de ley «se olvida de la mayoría social» y «nace huérfano de credibilidad».

Explica además que estas cuentas «parten del engaño» de CC y PP como es el incumplimiento de las propuestas electorales relativas a la bajada del IGIC -del 7% al 5%-. Hernández indica que la misma consejera de Hacienda reconoció en comisión «que una reducción impositiva dañaría los servicios públicos básicos».

Los socialistas, puntualiza el diputado, se sienten «aliviados» porque no haya prosperado esta bajada del IGIC, pero insiste en que las cuentas son «desequilibradas» porque con 1.121 millones de euros de incremento «tiene molestos a los sectores productivos y sociales».

Desde luego, apostilla, no son los presupuestos que necesita Canarias. Antes de conocer el proyecto de ley, el PSOE «oía una melodía que no nos gustaba», pero al ver la letra han constatado, dice, que «son unas cuentas que en lugar de aportar soluciones a la realidad política y económica de Canarias se va a convertir en parte del problema».

Estos argumentos son compartidos por Nueva Canarias, formación que también ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad para que el proyecto de ley sea devuelto al Gobierno.

Tanto Hernández como la parlamentaria de NC Esther González mantienen que el presupuesto de 2024 «no crece sobre bases sólidas». Abunda González en que «sobreestiman el grado de ejecución del gasto no financiero del 2023 con el único objetivo de tener un límite de gasto lo más alto posible en 2024».

A su juicio, «trabajan con una ejecución del 96,4%, un porcentaje imposible en año electoral». Hacen hincapié en que el Gobierno de Canarias utiliza la liquidación de la financiación autonómica de 2022, «que será extraordinariamente positiva» para financiar gasto estructural, una circunstancia que puede provocar un problema de sostenibilidad de las cuentas.

En cualquier caso, el socialista indica que el incremento presupuestario se podía haber utilizado en hacer políticas fiscales a favor de las familias y aliviar su bolsillo o paliar el encarecimiento de la cesta de la compra o la cuota hipotecaria mensual. Sin embargo, reitera, «no se alinea con las necesidades reales».

Por su parte, González mantiene que las cuentas están «infladas» y presenta un escenario «prudente en los ingresos pero no en los gastos». Las enmiendas a la totalidad, coinciden, están «plenamente justificadas».

La tramitación parlamentaria tiene sus tiempos y los grupos parlamentarios aún están evaluando las posibles enmiendas parciales al presupuesto del próximo ejercicio.

Aún así, reconocen que hay aspectos que intentarán mejorar porque suponen «retrocesos claros» respecto a la línea seguida por el Pacto de las Flores, especialmente en servicios esenciales, señalan los diputados Manuel Hernández (PSOE) y Esther González (NC).

En este sentido, lo más espinoso para estos dos grupos tiene que ver con el retroceso que sufren las partidas en Educación y el «incumplimiento» del compromiso de financiación plurianual de las dos universidades públicas.

«Las han dejado a los pies de los caballos» apunta el parlamentario socialista, mientras que González considera que resultan «especialmente castigadas». Tras las críticas recibidas, no solo de formaciones políticas sino de los propios rectores, la consejera Migdalia Machín ha indicado que estos presupuestos serán «mejorados».

La oposición explica que en materia educativa se hizo un «esfuerzo importantísimo» en la legislatura pasada. De la partida del 4,63% del PIB en 2023 y el compromiso del 4,74% en 2024 y el 5% en 2025, «lo que va a ocurrir es que el próximo año -con 1.121 millones más- vamos a quedarnos en el 4,2%, lo que significa un claro paso atrás en lo que debía ser uno de los objetivos de la legislatura», señala Hernández.

Igualmente, destacan los representantes del PSOE y NC que las cuentas incumplen las leyes de servicios sociales y del sistema público de cultura que fue aprobada a finales de la pasada legislatura. «Es difícil hacerlo peor y molestar a tantos sectores a la vez», indican.