La oposición critica el retraso de la adenda de carreteras

Después de que Franquis indicara el pasado lunes que la adenda no será firmada hasta el mes de septiembre -el último anuncio del Gobierno de Canarias había apuntado a julio-, los representantes de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, PP y Grupo Mixto censuraron que se siga alargando la transferencia de esta deuda.

A la vez que reprochan al Gobierno central que no acate la sentencia judicial que obliga a pagar 1.000 millones a la comunidad autónoma por incumplimientos del convenio de carreteras entre los años 2012 y 2017.

Al respecto, los nacionalistas también culpan de esta situación a la pasividad del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres «cuyo mayor mérito es poner paños calientes ante la falta de compromiso del Ejecutivo estatal en lugar de defender los intereses de las Islas».

Insisten en este sentido en que el presidente canario «no ha hecho otra cosa que anunciar fechas para la firma de la adenda que, posteriormente, se ven obligados a desmentir porque son incapaces de exigir a Madrid lo que corresponde a esta tierra, como son incapaces de colocar la agenda canaria en Madrid».

Critican que hayan pasado tres años asegurando la «inminencia» de la firma del convenio para el cobro de la deuda «pero no ha cambiado nada desde que comenzó la legislatura», apunta Coalición Canaria en una nota, en la que indica que «la única realidad es que el dinero sigue sin llegar» y que supondrían, dicen, un impulso para la licitación de obra pública en las islas.

Coalición Canaria no entiende los retrasos ni las dificultades de un expediente que, aseguran, «no tiene más aristas que las que pone el PSOE porque la sentencia de carreteras es nítida y transparente y no tiene cabida a la interpretación».

Por ello, pide al Gobierno de Canarias «que deje de ser portavoz del Gobierno estatal» y «obligue a Madrid a liquidar de una vez por todas la deuda de forma inmediata, y no como pretenden en los ejercicios de 2026 y 2027».

También la diputada del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita, considera que, atendiendo a las explicaciones del Gobierno central, «es evidente que el consejero de Obras Públicas no se aclara con la situación del convenio».

Recordó que en una iniciativa, su grupo preguntaba al Gobierno de España distintas cuestiones relativas a este asunto como el importe total de las obras incluidas en el anexo del citado convenio.

Asimismo, requería información acerca de si contempla establecer una planificación temporal y económica de las obras teniendo en cuenta prioridades, desarrollo temporal y económico; y si tenía previsto reformular la cláusula que obliga a Canarias a asumir el sobrecoste de las obras que excedan de 1.200 millones.

Por lo que se refiere al importe adeudado en cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, la respuesta del Gobierno de España indica que en 2021 se realizó un abono a cuenta por importe de 100 millones de euros, en 2022 se ha aprobado una dotación de 200 millones con la misma finalidad, que se encuentra en fase de tramitación.

Además, señala el Gobierno que en la propuesta de presupuestos para 2023 se ha incluido una nueva dotación para dar cumplimiento a dichas sentencias.

Para Zurita, «una vez más, el Gobierno de España se lava las manos en un asunto de tanta importancia para las islas y pone en entredicho las declaraciones de Franquis afirmando que con los famosos 407 millones se daría por liquidada la deuda del Gobierno central con Canarias, y que en la adenda se obligaba al Gobierno a pagar las cantidades que superen los 1.200 millones».

También, el diputado del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente (Ciudadanos) se sumó ayer a las críticas del resto de la oposición por este nuevo retraso en la firma de la ampliación del convenio de carreteras.

Señaló que «si está todo acordado, no se explica que se haya producido esta demora hasta el mes de septiembre». Aún así, considera que la mejor opción es «confiar» en las palabras del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, y que finalmente en septiembre el Gobierno de España «cumpla con Canarias» y se pueda suscribir la adenda para que la comunidad autónoma reciba los 407 millones por obra no ejecutada.