La semana pasada el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, anunció la creación de un observatorio canario para supervisar los precios del sector aéreo, ante la falta de datos públicos y transparentes por parte del Estado que permitan un análisis objetivo.
El Ministerio de Transportes cuenta con su propio observatorio de precios aéreos desde 2013, pero mantiene una total opacidad sobre la evolución de las tarifas, con la justificación de que los datos tienen carácter restringido para no alterar la competencia ni la estrategia de precios de las compañías aéreas.
Hace ahora un año, en diciembre de 2022, el Gobierno estatal reconoció que las conexiones entre Canarias y la península se habían incrementado muy por encima de lo normal -hasta un 45% respecto al año anterior en algunas rutas, especialmente en fechas puntuales de alta demanda-, y se comprometió a comprobar si existen prácticas abusivas por parte de las aerolíneas a la hora de establecer los precios. Nada más se ha sabido al respecto desde entonces.
El intento de poner en marcha a modo de experiencia piloto una ruta aérea con Obligación de Servicio Público (OSP) entre Lanzarote y Madrid para poder fijar un precio máximo de referencia y comprobar cómo responde el mercado tampoco ha salido adelante. El anterior Gobierno canario la acordó con Transportes en marzo de este año con el propósito de que estuviera funcionando en junio, pero el proyecto piloto se ha topado con varios obstáculos.
Por un lado, las compañías aéreas consideran que la implantación de la OSP supone una intervención en el mercado que no está justificada en la ruta entre Madrid y Lanzarote, porque tiene un alto volumen de pasajeros y está operada por varias compañías, y han anunciado su intención de denunciarla ante la Comisión Europea si se pone en marcha.
Por otro lado, Transportes no ha hecho público el informe solicitado al Ministerio de Economía -preceptivo en este caso por tratarse de un departamento afectado- ni la respuesta a la consulta elevada a la Unión Europea, para saber cómo se posiciona Bruselas y en su caso ajustar la propuesta.
El Gobierno canario cree que la OSP entre Lanzarote y Madrid se ha quedado en una declaración de buenas intenciones y duda de que el próximo Ejecutivo estatal la vaya a poner en marcha, pero desde el Ministerio de Transporte defienden que el proyecto piloto está muy avanzado, aunque paralizado desde hace meses porque el Gobierno en funciones no tiene competencia para tomar ese tipo de decisiones.
Se da además la circunstancia de que el acuerdo para una nueva coalición de Gobierno progresista que alcanzaron en octubre PSOE y Sumar incluye la puesta en marcha de una ruta aérea de Obligación de Servicio Público (OSP) a modo de experiencia piloto entre Menorca y Barcelona, pero se «olvida» de la ruta ya comprometida entre Lanzarote y Madrid, a la que no hace ninguna referencia.
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