Borrar
Migrantes este sábado en el Colegio León. efe
La opacidad y falta de coordinación marcan los traslados de inmigrantes a la península

La opacidad y falta de coordinación marcan los traslados de inmigrantes a la península

La llamada del Estado a la solidaridad para aliviar la presión en Canarias se acompaña de la ocultación de datos de derivaciones

Domingo, 20 de diciembre 2020, 00:00

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La apelación a la solidaridad que el presidente Sánchez realizó el miércoles en el Congreso a todas las autonomías para que contribuyan a aliviar la presión migratoria en Canarias poniendo a disposición plazas de acogida humanitaria choca de frente con la política opaca y contradictoria que mantiene el Gobierno estatal sobre los traslados de inmigrantes irregulares a la península. Tanto el Ministerio del Interior como el de Migraciones mantienen el mutismo sobre las derivaciones y no facilitan datos sobre el número de personas trasladadas ni los lugares de destino.

La petición expresa de Sánchez a la colaboración de las comunidades autónomas, acompañada de reproches a los territorios que se han negado a aceptar a inmigrantes procedentes de las islas, supone un reconocimiento tácito de que el Gobierno apuesta por los traslados como vía para dar salida a parte de las 9.000 personas que aún siguen en las islas. Sin embargo, la postura oficial de los departamentos implicados es que los traslados que se están produciendo son puntuales y responden mayoritariamente a casos de especial vulnerabilidad o protección internacional.

LAS CIFRAS DE LA NUEVA OLA MIGRATORIA

  • Inmigrantes

  • 3.000 Africanos

  • 200 Vuelos

Tras muchos vaivenes y afirmaciones contradictorias por parte de varios miembros del Ejecutivo, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que en un principio había negado que los traslados a la península fueran de su competencia, ha reconocido finalmente que entre el 10 y el 15% de los inmigrantes que llegan a Canarias, en un cálculo aproximado, se están distribuyendo por el resto del Estado. El ministro mantiene que la gran mayoría, entre el 85 y 90%, son expulsables a sus países de origen. Aunque los criterios de partida para las derivaciones son sobre el papel restringidos, el Ministerio de Migraciones ha reconocido también que dadas las circunstancias especiales derivadas de la pandemia y el cierre de fronteras, ha optado por hacer una interpretación extensiva de sus competencias para incluir en los traslados a plazas de acogida humanitaria de la península a personas que no cumplen a priori los requisitos de vulnerabilidad o protección internacional.

Por su parte, Interior mantiene que «no organiza, ni gestiona, ni financia traslados de migrantes desde Canarias hacia la península», aunque teóricamente sí debe autorizar la salida de las personas que se derivan a otros territorios. El ministro Grande-Marlaska desde el primer momento se opuso a las derivaciones frente al criterio de Escrivá, una negativa que justificó para evitar que se establezcan vías de entrada irregulares a España, por entender que trasladar a territorio continental a los inmigrantes que llegan a las islas genera efecto llamada y contradice los criterios de la Unión Europea. No existe sin embargo ninguna normativa comunitaria que impida a un país miembro facilitar el movimiento interior de extranjeros.

Pulso entre ministerios

La escasa coordinación entre el ministerio que dirige Grande-Marlaska y el departamento de Migraciones a cargo de Escrivá ha quedado de manifiesto a lo largo de toda la crisis migratoria y con mayor nitidez se ha hecho palpable todo lo que tiene que ver con la errática política de traslados y con la responsabilidad de las decisiones. Un ejemplo claro es el caso de los 200 inmigrantes que llegaron a Granada el 8 de diciembre en un vuelo desde Gran Canaria, del que se han desvinculado tanto Interior como Migraciones y por el que la Junta de Andalucía ha pedido explicaciones al Gobierno.

Pese a la opacidad del Ejecutivo estatal hay constancia de que otras ocho ciudades -Valencia, Alicante, Barcelona, Málaga, Madrid, Sevilla, Huelva y Zaragoza- han recibido grupos de inmigrantes procedentes de las islas, en algunos casos, como la capital catalana previo ofrecimiento de las instituciones, y en otros sin que las autoridades locales tuvieran conocimiento. Pese a la confusión y el malestar generado entre algunos alcaldes por no haber sido avisados, el Gobierno no ha aportado de momento aclaraciones ni datos concretos. Interior se ha limitado a señalar que los inmigrantes que llegan a las costas españolas son personas en situación irregular y por tanto tienen abierto un expediente de expulsión, aunque disponen de libertad deambulatoria mientras se tramita y ejecuta su repatriación. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha pedido cautela preguntada por este asunto tras el último Consejo de Ministros y ha asegurado que cuando el Gobierno cuente con datos concretos los dará a conocer.

Autonomías

Hasta el momento son varias ya las comunidades autónomas que han ofrecido sus plazas disponibles para acoger a inmigrantes, pero sus capacidades son pequeñas para dar salida a la presión que soporta el sistema de acogida en Canarias. Navarra ha ofrecido 20 plazas, la Comunidad Valenciana 120, la Generalitat de Cataluña 40, el ayuntamiento de Barcelona otras 50. También el País Vasco, Extremadura y Castilla León se han ofrecido a colaborar a la espera de coordinarse con el Gobierno estatal para concretar su disponibilidad.

Frente a solidaridad de estos territorios, el presidente Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, han afeado la actitud de autonomías gobernadas por el PP como Andalucía, que han expresado su rechazo a recibir inmigrantes y «alimentan el alarmismo» por vincular la inmigración con la pandemia.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios