Obras Públicas debe pagar 20 millones por retrasos en cuatro carreteras
Las demoras se deben sobre todo a los recortes que llevó a cabo Fomento a principios de la década pasada en el convenio 2006-2017
El recorte unilateral efectuado por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) al convenio de carreteras 2006-2017 firmado entre el Estado y Canarias ha supuesto un continuo goteo de reclamaciones de los adjudicatarios de las obras por daños y perjuicios debido sobre todo a los sobrecostes. Solo los últimos cuatro expedientes que están sobre la mesa del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, suponen el desembolso de 20 millones de euros de las arcas públicas para indemnizar a las empresas por los retrasos en los proyectos.
Entre estas reclamaciones se encuentra la más cuantiosa pagada hasta ahora por la comunidad autónoma. Más de 13 millones de euros recibirá la UTE por el retraso de 88 meses -más de siete años- en el trazado Tamaraceite-Tenoya-Arucas costa de la Circunvalación Las Palmas de Gran Canaria, que se inauguró en agosto del año pasado. En realidad, la cantidad a abonar es casi la mitad de lo solicitado por la UTE, que en noviembre de 2020 presentó una reclamación inicial de 22,3 millones, aunque posteriormente, en septiembre de 2021, amplió la cantidad hasta los 24,6 millones (sin IGIC), tal como puntualiza la petición.
Otro ejemplo del coste que los recortes del convenio de carreteras está suponiendo para la comunidad autónoma tiene que ver con el proyecto Corredor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable en Fuerteventura. El 4 de diciembre de 2019 se firmó el acta de recepción provisional del tramo Costa Calma-Pecenescal. La orden de adjudicación se había firmado el 13 de diciembre de 2010 con un plazo de ejecución de 36 meses. Es decir que el retraso, debido a continuos aplazamientos, modificaciones de trazado y otros aspectos no imputables a la empresa, fue de seis años.
Esta demora tiene para la administración pública un coste de 4.126.811 euros, aunque la reclamación de la empresa fue de algo más de 10 millones de los que 5,6 millones los afectaban a costes indirectos, 3,6 millones a costes generales y otros 775.782 euros al «sobrecoste del periodo exento revisión precios».
También en la isla de La Palma se han producido retrasos en obras por las mismas causas. La empresa adjudicataria de un tramo del proyecto LP-2 Los Llanos-Tazacorte solicitó una indemnización de 2,4 millones «por los daños y perjuicios irrogados a la UTE -sobrecostes- como consecuencia de las diversas vicisitudes (demora en la disponibilidad de terrenos imprescindibles para la ejecución de las obras, reajustes de anualidades, suspensiones temporales -totales y parciales-, demora en la tramitación de los expedientes de modificación contractual, etc.) ocurridas durante la ejecución del contrato administrativo». Sin embargo, el Gobierno de Canarias rebajó esta petición hasta 1,4 millones.
Los trabajos fueron adjudicados en abril de 2010 por casi 15 millones de euros y el tiempo de ejecución era de 30 meses. Según un informe publicado por el Consejo Consultivo de Canarias «actualmente se encuentra en trámite una nueva solicitud de ampliación del plazo hasta junio de 2022».
Igualmente por «diversas vicisitudes ocurridas» durante la ejecución del proyecto Obras Complementarias n.º 1 de la duplicación de la carretera GC-2. Tramo: Santa María de Guía-El Pagador, la empresa adjudicataria reclamó una indemnización de 2,5 millones a la administración regional, al entender que las causas de esos retrasos no eran responsabilidad suya.
Finalmente, recibirán 528.000 euros por la «alteración del tiempo contractual de una manera desmesurada», ya que el plazo ha pasado de los 40 meses iniciales a los 96 meses, lo que supone un incremento del 140% respecto al plazo proyectado y ofertado. La empresa alegó que ese aumento del plazo de más de cinco años no se ha visto acompañado por un aumento presupuestario del expediente modificado, sino todo lo contrario, ya que supuso una disminución del precio de contrato del 38,7%.
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