Mogán reclama a Marlaska refuerzos policiales como los de San Bartolomé

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, exigió ayer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un refuerzo de la presencia policial en el municipio para garantizar la seguridad por los incidentes ocurridos en las últimas semanas en la isla protagonizados por algunos de los migrantes alojados por el Gobierno en diferentes hoteles de las zonas turísticas.

En un comunicado, la primera edil lamentó que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, no estime necesaria la permanencia en el municipio de los 21 efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil pero sí la presencia de otros 40 agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana para controlar las incidencias que se están produciendo algunas de estas personas.

Mogán acoge en hoteles y complejos de apartamentos un número mayor de personas migrantes el ayuntamiento gobernado por el PSOE -2.800 adultos y alrededor de 600 menores- y también es el municipio donde de momento se ha producido un volumen superior de incidentes y altercados.

Por este motivo, la alcaldesa no comprende la reticencia del delegado del Gobierno a la solicitud realizada en la Junta Local de Seguridad Extraordinaria para que el GRS no abandone el municipio el 24 de enero, fecha hasta la estarán en un principio los 21 agentes que se han destinado para contribuir a mantener el orden público.

La alcaldesa se suma así a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que denuncia la desigualdad en el reparto de los refuerzos entre Mogán, que cuenta con 55 agentes de la Guardia Civil del Puesto de Puerto Rico, y San Bartolomé de Tirajana, este último con 300 agentes de la autoridad a los que ahora se suman otros 40 de la Policía Nacional.

Pestana explicó el pasado martes a Bueno que habría que analizar la situación en el municipio en los próximos días y valorar entonces si prorroga la estancia del GRS o los envía de vuelta a su sede en Los Rodeos (Tenerife) o si decide trasladar a Mogán recursos de otras unidades de la Guardia Civil del sureste de la isla, algo que la alcaldesa considera «insuficiente».

También la Cámara de Comercio de Gran Canaria emitió ayer un comunicado en el que muestra su «enorme preocupación» por la evolución del fenómeno de la inmigración en la isla, y en el archipiélago en general, y «su negativo efecto y repercusión en la actividad económica, empresarial y de seguridad ciudadana».

La patronal empresaria asegura ser consciente del drama social que lleva a estas personas a emigrar y que solo tratan de mejorar sus condiciones de vida, pero también recuerda que ese están generando «situaciones conflictivas como las vividos estos días». A juicio de la Cámara de Gran Canaria, «la llegada masiva y continua de inmigrantes ilegales a las islas ha sido tratada por las autoridades responsables de forma negligente, descoordinada e impropia de una región de un estado de derecho».

La organización empresarial entiende que el Estado ha convertido «un problema social de la inmigración, en un enorme problema empresarial y de seguridad ciudadana de incalculables consecuencias económicas futuras». «Las imágenes de los últimos conflictos acaecidos en Maspalomas son una muestra más de la conflictividad que genera la ubicación sin control de estos numerosos inmigrantes en uno de los principales núcleos turísticos del archipiélago» aseguran.

En este sentido, la Cámara insta a las administraciones para que «aceleren el realojo de los inmigrantes fuera de los establecimientos alojativos turísticos, donde nunca tenían que haber estado, como paso previo a la adopción de medidas definitivas conforme a las disposiciones legales en materia de inmigración».

son los inmigrantes que, según la alcadesa, estan alojados en instalaciones turísticas en el municipio de Mogán. De ellos, 2.800 son mayores de edad, mientras que 600 son menores llegados en pateras.