Los ministros se resisten a dar cuenta de la crisis migratoria

Desde que a comienzos del año 2020 comenzó a aumentar la llegada de inmigrantes irregulares a las costas canarias se han ido acumulando en el Congreso y el Senado numerosas peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno para que den cuenta de sus actuaciones en la crisis migratoria, sin que hasta ahora ninguno de los ministros apelados se haya sometido a las preguntas de los grupos parlamentarios.

El responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el ministro que más peticiones de comparecencia tiene pendientes, la primera desde enero del año pasado a iniciativa del senador de CC, Fernando Clavijo, que la solicitó para que informará sobre el repunte en la llegada de inmigrantes que ya se notó en 2019. Hasta tres veces más ha pedido CC la comparecencia de Grande-Marlaska en la Cámara Baja, en junio para que explicar la gestión de los movimientos migratorios, en el mes de julio para informar sobre la situación en la isla de Fuerteventura y una vez más en septiembre, en el momento álgido de la crisis migratoria, para que explicara las medidas adoptadas ante la creciente llegada de inmigrantes a Canarias.

Hasta el momento el titular de Interior solo ha abordado el problema de la inmigración en respuesta a preguntas de la oposición en el pleno del Congreso, en noviembre para anunciar que no iba a dimitir por el desalojo de más de 200 inmigrantes del campamento de Arguineguín y hace una semana para negar que se están realizando traslados opacos a la península- y con ocasión de una interpelación del PP en el Senado, pero no ha comparecido en comisión para dar explicaciones más extensas y responder a las cuestiones que le planteen los grupos parlamentarios, que es el formato que se le demanda.

El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, tiene también varias peticiones de comparecencia pendientes para explicar su gestión de la crisis. La última, a iniciativa del senador del PP Sergio Ramos, con el propósito de que aclare las declaraciones en las que anunció su intención de estabilizar en Canarias a 7.000 inmigrantes irregulares distribuidos en centros de acogida de cinco islas.

CC solicitó además desde septiembre del año pasado la comparecencia de vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, para explicar los mecanismos de coordinación entre los distintos departamentos como responsable de la comisión interministerial en materia de inmigración, y de la titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para que informe sobre el impulso de las relaciones bilaterales con los países africanos desde los que parten las pateras y cayucos que llegan a Canarias.

Al margen de las peticiones de comparecencia, tanto en el Congreso como en el Senado son docenas las iniciativas pendientes -fundamentalmente preguntas escritas- que esperan respuesta del Gobierno. Las más recientes hacen sobre todo referencia a las condiciones de los campamentos habilitados para acoger a los inmigrantes y a los traslados, con cuestiones muy concretas sobre el número de personas derivadas a la península desde el comienzo de la crisis hasta ahora, o el estado de la investigación sobre cinco vuelos que trasladaron inmigrantes desde Canarias a Granada, en los que Interior niega toda participación. Hay, asimismo, varias preguntas sobre los menores inmigrantes y sobre el papel del Frontex en el control de las fronteras.

Esperando turno para su debate y votación en la Cámara Alta está también la moción que el Partido Popular presentó la semana pasada en la que insta al Gobierno a aumentar los recursos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la isla de Gran Canaria para evitar el «aumento de la conflictividad» vinculada al fenómeno migratorio, y a cumplir estrictamente la ley de extranjería para reactivar con urgencia las repatriaciones a los países de origen de los inmigrantes irregulares que cometan algún acto delictivo.