«Si en mayo estamos en el juego de poder gobernar, lo intentaremos»

- Pero reconocerá que han removido ustedes el avispero, tanto entre los socios del Pacto de las Flores como en el PP, que ha vinculado este acuerdo a posibles pactos electorales

- No hay nada de eso. Insisto en que es un acuerdo puntual. Tengo que recordar que también hemos venido apoyando al Gobierno del Estado en muchos de los reales decretos ley para la lucha contra la covid u otras leyes y esto no implica absolutamente nada. Vamos a seguir siendo críticos cuando sea preciso y a buscar el diálogo y el consenso cuando se nos preste la oportunidad.

- Pero ahora estamos a seis meses de las elecciones

- Las percepciones de unos y otros son imposibles de evitar. No hay nada de eso. Seguiremos jugando a la equidistancia. Somos nacionalistas, defendemos a Canarias y no vamos a entrar en los bloques de derechas o izquierdas que quieren meter al país. Seguiremos plateando que, una vez los ciudadanos deciden en las urnas y si estamos en el juego de poder gobernar, lo vamos a intentar.

- ¿Qué saca entonces CC a nivel político con este acuerdo?

- Si estuviéramos pensando en la rentabilidad partidaria no negociaríamos los presupuestos. Lo que se negocia es la rentabilidad para todos los canarios y en ese sentido, las mejoras en las partidas del REF, que se garantice una ficha financiera para los próximos años a La Palma, la gratuidad de las guaguas o ayudas al transporte de mercancías beneficiarán a la sociedad en su conjunto al margen de lo que vote un ciudadano que coge la guagua u otro que vive en La Palma. No lo hacemos en términos de rentabilidad política sino que pretendemos que haya una ventaja para las personas que viven aquí.

- ¿Rebajarán el tono en Canarias?

- Aquí no lo tenemos alto. Nosotros hemos hecho cientos de propuestas y nunca hemos recibido una propuesta para sentarnos. La única vez fue en el Plan Reactiva, aunque nos ha decepcionado muchísimo que el Gobierno haya perdido las formas y ni siquiera nos reúna, no cumpla lo que dicen los presupuestos para el control de ese dinero o que la página web no se haya actualizado desde 2020. Pero hemos apoyado la inmensa mayoría de los decretos leyes en el Parlamento y ha existido un amplio consenso en proposiciones no de ley. En Canarias no hay debate de crispación como en las Cortes, aunque ultimamente hemos encontrado al vicepresidente más nervioso de lo habitual. Sus razones tendrá. Nosotros elevaremos la voz cada vez que sea necesario y mantendremos el perfil del diálogo cada vez que se nos dé la oportunidad de consensuar.

- Han anunciado una enmienda a la totalidad a las cuentas canarias de 2023 después de enviar una propuesta al presidente .

- Enviamos una propuesta, igual que hicimos en el Estado, para saber si había interés por parte del Gobierno canario en hablar y evitar una enmienda a la totalidad. Entendemos que hay margen para mejorar en el plan de alivio fiscal y planteábamos igualmente un paquete de acciones en educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, empleo, en la administración pública y en el plan de reconstrucción de La Palma. Nuestra idea era que una parte del alivio fiscal fuera con cargo al endeudamiento en 2023 -porque Canarias se lo puede permitir- y negociar el resto de las medidas.

- ¿Les respondió?

- Recibimos una carta de Torres esta misma semana, el día 16, pero de la misma no se deduce por ningún lado una invitación a dialogar sobre nuestra propuesta. Se trata más bien de un canto al sol. Ante este escenario, nos hemos visto abocados a presentar la enmienda a la totalidad, que intentábamos evitar. Los presupuestos suben en 2023, aunque no como nos gustaría que se aplicara el gasto, y precisamente lo que queríamos saber es si había margen de acuerdo. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de explorar esa idea.

- Pero han ido a todo o nada

- Vamos a basar nuestra enmienda a la totalidad en la propuesta de mejora de presupuestos que hemos hecho pública y que es nuestro eje de prioridades. Además de las cuestiones que hemos avanzado, también hay otras, como las competencias de Costas que vamos a asumir el 1 de enero, y de las que el presupuesto ofrecen poca información de cómo se va a hacer. Además, planteamos algunas necesidades insularizadas que a nuestro juicio debían aparecer en estas cuentas.

- Su lectura se corresponde poco con el análisis que hace el Gobierno y con su proyecto de ley

- Lo que hemos detectado es, sobre todo, un problema de gestión. Todos los años quedan muchos recursos para gestionar, incluso en los ejercicios que el Gobierno dice que han gastado el 120%, sobre todo en inversiones y transferencias de capital (Capítulos VI y VII). Por lo tanto, falta gestión. También nos preocupa como se están abordando los fondos europeos, que sigue siendo muy débil, aunque en 2023 se puede mejorar ostensiblemente y tenemos algunas dudas respecto a que algunos de las definiciones del gasto vayan a gasto estructural. El Gobierno no termina de aclarar si una vez se acaben los recursos europeos, esos servicios se seguirán manteniendo, desde la educación de 0 a 3 años a la contratación de personas. Igual ocurre en asuntos sociales, ya que muchos de estos fondos están vinculados a proyectos piloto y tampoco sabemos su futuro.

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- Están enfadados porque no se les permitirá discutir la constitución de una comisión de investigación en el caso Mascarillas

- Las fuerzas que representan al Gobierno han decidido que no haya debate, que se vote y a otra cosa. Y eso es inaudito en el Parlamento, en el sitio de la palabra. El pacto ni siquiera permite el debate sobre la oportunidad, contenidos, objetivos, etc. que planteamos CC y PP para pedir la comisión de investigación. Lo lógico es que estos grupos contraargumentaran para un voto en contra, pero ni siquiera nos dan esa oportunidad. Eso contrasta mucho con la transparencia que pregonan.

- No le convencen sus motivos

- En realidad no alcanzamos a entenderlos, pero si atendemos al rumor de que miembros del pleno de la Audiencia de Cuentas recibieron instrucciones para que no se aprobara el proyecto de informe vinculado a la gestión económica durante la pandemia, y donde aparece el caso Mascarillas, está claro que hay un intento de silenciar y que no haya debate.

- Ustedes tampoco habían demostrado mucho interés en abrir esta comisión hasta ahora, que coincide con que Domínguez ya no está al frente del SCS

- Nosotros no controlamos los procesos judiciales. La comisión de investigación está basada, más que en lo que se intenta aclarar en sede judicial, en el proyecto de informe de la Audiencia. Una vez que pudimos analizar esta documentación, empezamos a trabajar en un texto -el PP y nosotros-, que pudiera sustentar la comisión. El tiempo es el que ha llevado ese análisis para tener la seguridad de que valía la pena pedir la comisión de investigación.

- ¿Cree que este caso es solo la punta del iceberg?

- Parece que así es, y nos preocupa que haya otras compras y que el material esté en los almacenes de distintos centros sanitarios con un informe que dice que parte de lo que se compró no sirve para nada. Eso es lo que intentamos aclarar, porque la emergencia no podía justificar la inexistencia de cualquier tipo de control sobre los servicios públicos. Además, queremos averiguar también el modus operandi, como funcionaba realmente esa comisión en la que se tomaban las decisiones de los semáforos, qué se compraba y como se compraba... Y cual era el papel de cada miembro de esa comisión. En la información publicada por el Gobierno decía que había dos coordinadores: uno era Conrado Domínguez y el otro José Julián Istúriz. ¿Cuales eran sus competencias como coordinador?

- No hay actas

- Claro, como no hay actas, según han comunicado al juzgado, no sabemos si eran comité científico, parte ejecutiva y por tanto mandatados a ejecutar... No sabemos como se trasladaban las decisiones, como se materializaban las acciones...

-¿Quien debe asumir responsabilidades?

- Si lo supiéramos, en vez de pedir una investigación estaríamos acusando ya de responsabilidad política a determinadas personas. Eso es lo que queremos averiguar, cómo funcionaba esa comisión para saber si la responsabilidad política está en alguna de las personas señaladas en el juzgado o hay más.

-¿Debe ser el presidente quien señale quienes son?

- El presidente ha sido llamado a declarar porque era el responsable de la comisión. Él la presidía, la constituyó, porque no hay acuerdo del Consejo de Gobierno creándola. Además, se obvió un mecanismo reglado en la comunidad autónoma para actuar en emergencias sanitarias y se crea este nuevo. Lo lógico es que diga como funcionaba la comisión. Si ha contestado al tribunal, lo lógico es que también ayudara a aclararlo en sede parlamentaria.

-¿Han adoptado alguna iniciativa más?

- Hemos pedido todos los expedientes vinculados a la empresa RR7 en la Agencia Tributaria para saber si los recursos utilizados son propios o de la UE.