«Mantuvimos el periodo de detención cautelar de los migrantes lo más corto posible»
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Se celebra el juicio que citó como testigos a miembros de la Policía Nacional y a la UCER. En liza si se vulneró el derecho de los migrantes a viajar
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria atendió la demanda interpuesta por la representación legal de un migrante al que no dejaron salir de la isla en tres ocasiones a finales del pasado año, vulnerando, a su entender, sus derechos fundamentales. En el juicio comparecieron como testigos la cúpula de la Policía Nacional, decenas de agentes y la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER), responsables de los controles Covid y de Extranjería que se hicieron en Gando. Todos coincidieron en que practicaron detenciones en el aeropuerto de Gran Canaria de ciudadanos de origen marroquí con orden de expulsión, pero sin constatar si las mismas habían sido recurridas como fue el caso del demandante, aunque trasladaron la responsabilidad al Gobierno central, que «no actualizaba las bases grabando los recursos presentados por los migrantes», dijo uno de los jefes policiales.
En esta vista, un responsable de la UCER que actuó el 11 de diciembre, fecha en la que denegaron el embarque y detuvieron al migrante demandante, detalló que fue identificado a las 7.30 horas pero no detuvieron hasta las 13.10 «por el retraso acumulado ya que detuvimos a 22 personas ese día», dijo. «Se procedía a su identificación y comprobamos si estaba en situación irregular, trasladándolo a la comisaría del aeropuerto. Allí miramos su situación y vimos que el acuerdo de expulsión era firme y no nos constaba que había un recurso de alzada porque en la base policial no figuraba dicho recurso», declaró. «Primero lo detuvimos y luego esperamos a que la Delegación del Gobierno nos confirmara que había recurrido, algo que ocurrió al día siguiente y fue puesto en libertad», afirmó este agente.
«Para nosotros era firme esa orden de devolución y la Delegación del Gobierno tiene la obligación de grabar los recursos en la base de datos. No es algo habitual y al parecer solo pasa en Las Palmas. Nosotros llevábamos tres días en la isla y no teníamos conocimiento de esa supuesta falta de diligencia de la Delegación de no grabar los recursos. A nosotros nos aparecía que el expediente estaba resuelto y por eso procedimos a su detención», destacó.
Este agente reconoció que solo identificaron y detuvieron «a ciudadanos de origen marroquí», una circunstancia que el letrado demandante Daniel Arencibia calificó como «identificación racial». El jefe de dispositivo de la UCER detalló que «mantuvimos el periodo de detención cautelar lo más corto posible», pero reconociendo cuestiones como que estuvieron un día con el migrante en los calabozos, que no se les entregaba a ninguno ningún documento que acreditara que habían sido identificados y detenidos y que no recibieron asistencia letrada en la comisaría del aeropuerto.
