Los principales desafíos

13/07/2019

Torres se propone reestablecer las relaciones con el Gobierno estatal desde el diálogo y la responsabilidad, sin entrar en dinámicas de enfrentamiento permanente como la que caracterizó la última etapa del Ejecutivo de Clavijo.

ETIQUETAS:

La escasa cualificación de un alto porcentaje de la población desempleada y la falta de diversificación de la economía, que prácticamente solo ofrece oportunidades laborales en los sectores del turismo y la construcción, ha convertido la lacra de desempleo en un problema crónico en las islas. Pese a la mejoría de los últimos años, en los que el paro ha descendido trece puntos, Canarias tiene una tasa de desempleo en torno al 21%, con 238.000 parados según los datos de la EPA correspondiente al primer trimestre de 2019. Los sindicatos señalan que a la elevada tasa de paro se suma el aumento de la temporalidad, empleos precarios y reducción de los salarios, lo que agrava el problema de la pobreza en la Comunidad Autónoma.

La carencia de medios económicos entre la población es uno de los factores más alarmantes: el riesgo de pobreza o exclusión social en las islas es del 40,2%, el segundo más alto de España tras Extremadura (44,3%) y muy lejos de la media nacional, que está situada en el 26,6%. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social indica que la desigualdad territorial no solo no se reduce sino que se viene incrementando año tras año desde 2011, especialmente entre las regiones del norte y del sur, con enormes diferencias como los 26,7 puntos porcentuales que separan a Canarias de Navarra, que es la autonomía que marca el mínimo con un 13,5% de riesgo de exclusión. El informe se basa en el indicador europeo AROPE sobre tres variables: la tasa de riesgo de pobreza, definida por ingresos económicos que no superan el 60% de la media estatal, la baja intensidad del empleo en los hogares y la privación material severa.

La anterior legislatura estatal marcó un doble hito para Canarias con la aprobación en paralelo otoño del año pasado del nuevo Estatuto de Autonomía y el REF económico, dos leyes fundamentales que anclan el fuero histórico de las islas e incorporan nuevas herramientas ajustadas a la realidad de la Comunidad Autónoma para favorecer su desarrollo económico y social. En la legislatura autonómica que ahora se abre una de las prioridades del Gobierno, compartida por todos los partidos del arco parlamentario, es el adecuado desarrollo de ambas leyes y la exigencia de su cumplimiento al Estado.

La Unión Europea está en pleno proceso de elaboración de su marco financiero plurianual 2020-2027 -restrictivo respecto al periodo anterior- y es mucho lo que se juega Canarias. Aunque de momento las perspectivas son favorables para que las islas puedan mantener sin recortes el nivel de recursos comunitarios, todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de desplegar la máxima atención para que las RUP no pierdan ninguno de los derechos reconocidos. Por otra parte, de materializarse el brexit en los términos ahora planteados Canarias perdería sustanciales ayudas de la Unión Europea a la exportación de productos agrícolas a países comunitarios. El 50 % de la producción de tomate y pepino canario, de la que dependen más 6.000 empleos directos e indirectos, se exporta actualmente a Reino Unido. El sector turístico también puede verse afectado por el brexit, porque un tercio de los visitantes que recibe el Archipiélago son británicos.

La sanidad pública canaria se sitúa en el vagón de cola de toda España en cuanto a la calidad en la prestación de servicios y se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos de las islas. Pese al incremento del gasto en sanidad hasta el 6,5% del PIB regional -con un aumento superior al de otras comunidades- Canarias se mantiene entre las tres últimas autonomías del Estado en inversión por habitante. Los tres puntos negros de la sanidad isleña son las listas de espera por encima de la media estatal, que la mayor parte de los canarios ve ya como el principal problema de las islas, la saturación de los servicios de urgencia y la insuficiencia de medios humanos y técnicos. La percepción entre la ciudadanía es que la situación en lugar de mejorar empeora cada año.

El sistema educativo canario suspende estrepitosamente. Partidos políticos, profesionales de la enseñanza y agentes sociales coinciden en la urgente necesidad de alcanzar un gran pacto canario por la educación, que se reclama hace años pero no acaba de llegar. La Ley Canaria de Educación aprobada en 2014 obliga a alcanzar el 5% del PIB en materia educativa en 2022, pero no se cumple. Para ajustarse a la evolución prevista la inversión debería estar por encima del 4% pero es solo del 3,6%, por debajo de la media nacional e inferior a la de otras autonomías con menor renta per cápita que Canarias.

La falta de políticas públicas, el aumento de los precios y la insuficiente oferta de alquiler, junto al importante stock de pisos vacíos fuera de mercado y la expansión del modelo vacacional hacen del acceso a la vivienda un muro infranqueable para buena parte de los canarios. Uno de los principales lastres es la ausencia de un Plan de Vivienda autonómico que aborde el problema de forma global. El último plan culminó su vigencia en 2012 y desde entonces no se ha llegado a aprobar uno nuevo. El precio medio de la vivienda en Canarias es uno de los que más ha subido en los últimos cuatro años, con un incremento que ronda el 20% desde 2015. El alza de los precios alcanza igualmente al limitado mercado de alquiler y el creciente fenómeno de la vivienda vacacional en las principales ciudades de las islas está teniendo efectos negativos al reducir considerablemente la bolsa de viviendas de alquiler residencial.