Los funcionarios deben coger vacaciones entre julio y septiembre

14/06/2020

Función Pública asegura que ha adoptado esta medida «extraordinaria» para favorecer la conciliación y en previsión de una nueva oleada de contagios de coronavirus el próximo otoño mientras que los sindicatos denuncian la falta de negociación. El CSIF ha impugnado la resolución.

Los empleados públicos de la administración general de la comunidad autónoma tendrán que coger al menos el 60% de sus vacaciones anuales entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, según una resolución de la Consejería de Administraciones Públicas, una medida que se adoptó sin contar con los sindicatos del sector.

Por eso, la decisión ya ha sido rechazada por el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), que la considera «arbitraria y contraproducente» y por el CSIF, que ha impugnado la resolución por «nulidad de derecho».

La directora general de Función Pública, Laura Martín, indica que desde el principio de la crisis se ha mantenido un respeto «exquisito» a la conciliación familiar y a la protección de la salud de los empleados públicos. Entiende que de esta manera se permite a la plantilla disfrutar su tiempo libre «antes de que empiecen los colegios», además de que «puedan disfrutar de Canarias y en la medida de lo posible, reactivar la economía». A la hora de tomar esta medida también se ha tenido en cuenta la posibilidad de que se produzca una segunda oleada de contagios el próximo otoño, circunstancia que impediría que la plantilla pública tuviera vacaciones «y entonces tendremos empleados quemados».

En cualquier caso, la directora general subraya que se trata solo del 60% de las vacaciones, mientras que podrán disponer del 40% restante fuera de ese periodo y hasta el 30 de enero del año próximo. Establecer unos límites temporales para coger las vacaciones es una situación novedosa en el caso de los funcionarios, pero no así en el de los laborales, que lo tienen contemplado en su convenio colectivo. Martín agrega se trata de una medida organizativa y de carácter «tan extraordinario» que «no se negoció ni habló» «con los sindicatos, «como tampoco se hizo cuando la Consejería suspendió de oficio los días libres que los trabajadores ya habían pedido antes de la crisis sanitaria y que coincidieron con el periodo de confinamiento, es decir, que es un tiempo de disfrute que aún tienen pendiente».

El CSIF critica esta falta de diálogo por parte de la Dirección General de Función Pública y apunta que, tras la publicación de la resolución, su asesoría jurídica ha elaborado un recurso por nulidad que ya se ha interpuesto.

También el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha salido al paso de esta resolución de la Consejería para protestar por una orden que considera «arbitraria y contraproducente». En un comunicado, el secretario general de la organización, Manuel González, critica la decisión de Función Pública al no haberla negociada con los representantes del personal y porque «condena innecesariamente» a seguir ralentizando los servicios al público después de la desescalada.

El Sepca considera que al disfrutar las vacaciones prácticamente todos al mismo tiempo en los meses de verano se expone a la ciudadanía a otros tres meses más de ralentización en la actividad.