Los constructores reclaman ya el convenio de carreteras

La presidenta de la Asociación de Empresarios, María Salud Gil, reclama que se dé prioridad a este asunto y se imponga el sentido común porque están en juego 8.400 puestos de trabajo. «Si es un asunto político», sentencia, «que se asuman las responsabilidades que correspondan»

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ

Los empresarios de la construcción se suman a la preocupación del Gobierno de Canarias debido al retraso que está sufriendo la firma del convenio de carreteras y sus efectos sobre las obras pendientes. Al respecto, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (Aecplpa), María Salud Gil, advierte que, si se suspende la adjudicación de los tres grandes proyectos previstos en el acuerdo por no contar con el convenio plurianual, se ponen en juego 8.400 puestos de trabajo que suponen «más del 40% de los desempleados del sector de la construcción».

Tras la reunión la semana pasada de la comisión de seguimiento del convenio entre las administraciones central y canaria, el Ministerio de Fomento expresó nuevas dudas sobre los términos del texto y han vuelto a cruzarse documentos, según señaló el propio consejero canario tras el encuentro, pero no se ha fijado fecha para sellar el acuerdo ni se prevé cuando pueda ocurrir.

Esta circunstancia ha provocado que los empresarios estén «más que nerviosos» porque, por ejemplo, la segunda fase de la carretera de La Aldea, «la más importante de toda la historia de las licitaciones en Canarias» -con un importe que supera los 228 millones de euros, que está actualmente en licitación y ayer finalizó el plazo para presentar ofertas-, puede ver suspendida la adjudicación.

Explica María Salud Gil que se están recibiendo las ofertas y la mesa de contratación puede «evaluar y decidir, esta parte del procedimiento no se paraliza». Sin embargo, no puede adjudicar definitivamente porque el proyecto no tiene vinculada una ficha financiera que es plurianual.

Los promotores, señala su presidenta, «han hecho un esfuerzo importante en configurarse como UTEs y en organizarse para que esas obras tengan sello canario» y le parece «brutal» que el Estado siga retrasando la firma del convenio y se genere esta incertidumbre.

Indica además María Salud Gil que los 600 millones «que están en juego con carácter inmediato» suponen 8.400 puestos de trabajo, «más del 40% de los parados que en este momento están registrados en el sector de la construcción». Eso supone que entre ingresos fiscales, prestaciones y cotizaciones, el retorno ronda el 60%, es decir, unos 360 millones de euros. A su juicio, hay que traducir en números todos los elementos que significan obras de estas características, «más allá de la cohesión territorial y la conectividad».

Las grandes obras del convenio de carreteras que no se podrían adjudicar si no se firma el plan con el Ministerio de Fomento son, además de La Aldea, por más de 200 millones de euros, el anillo insular de Tenerife y la vía Caldereta-Aeropuerto en Fuerteventura, que tiene un coste de unos 100 millones de euros.

Por otro lado, María Salud Gil rechazó que el Ejecutivo de Canarias haya tardado en reaccionar y exigir la firma del convenio y respaldó el trabajo que en este sentido ha llevado a cabo el vicepresidente y titular de Obras Públicas, Pablo Rodríguez.

Antes y ahora.

Aseguró en este sentido que «nosotros llevamos dos años peleando junto con el consejero en este asunto, hemos trabajado mano a mano con él y hemos reclamado ante Madrid, tanto cuando gobernaba cuando estaba el Gobierno del Partido Popular como ahora». Y añade que «hemos ido siempre de la mano y ha habido esfuerzos de todo tipo». Por eso, insiste en que el problema «no es técnico, sino político y no podemos permitirlo, ni las instituciones ni la ciudadanía. Ya está bien», enfatiza.