La ley de las policías locales sigue en el aire por la falta de entendimiento entre alcaldes y sindicatos

La consejera de Presidencia, Función Pública y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha mostrado su empeño por sacar esta norma adelante porque entiende que es preciso avanzar en aspectos «vitales» para la policía local y que deben estar recogidos en la nueva ley. En este sentido, considera que los cuerpos municipales deben estar contar con los medios materiales precisos, con el número de agentes suficientes, con formación permanente o con medios actualizados. Y eso requiere no solo de fondos, sino de una colaboración permanente entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias.

De momento, la consejera reconoce que la situación es «complicada», con poco margen para el entendimiento y escaso interés de acercamiento por las partes. Su objetivo, ha reiterado en comisión parlamentaria, es alcanzar un consenso y que haya equilibrio para todos. «Si hay voluntad, habrá cesión. Si no, las posturas seguirán enfrentadas». Y advierte: «nadie va a salir con el 100% de lo que quiere».

El primer intento de elaborar una ley de policías locales se produjo en 2018 y, según ha manifestado Barreto, se aprobó por unanimidad en la comisión de coordinación de las policías locales. Estas afirmaciones reiteradas de la consejera son el punto de inicio de las discrepancias con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y tanto la presidenta, Mari Brito (PSOE), como el vicepresidente, Óscar Hernández (NC), niegan la mayor. Aseguran que nunca hubo un texto consensuado. Es más, Hernández ha afirmado que en aquel momento, los representantes de los alcaldes se reunieron con los grupos parlamentarios «uno por uno» para explicarles que no existía tal acuerdo, por lo que finalmente no fue tramitado el proyecto de ley.

El segundo intento se produjo en el mandato pasado con la elaboración de un texto muy diferente. En ese momento son los sindicatos los que rechazan la propuesta, en este caso respaldada por los alcaldes. El entonces consejero de Presidencia, Julio Pérez, reconoció que en el debate entre ayuntamientos y policías locales, el Gobierno se inclinó a posiciones más cercanas a los primeros porque «en la regulación legal debe quedar claro la subordinación de los cuerpos de policías local a la corporación municipal y singularmente al alcalde», dijo en el Parlamento.

En marzo del año pasado, Pérez confirmó que las gestiones para la nueva ley se aplazaban para esta legislatura, no sin antes apostillar que una norma «no es un convenio colectivo» y por tanto, en su elaboración «no nos tenemos que ocupar de las condiciones laborales de la policía ni hay por qué llegar a un consenso» sobre este asunto.

Ya en este mandato y ante el intento de Barreto de volver a sentar a las partes, los alcaldes han vuelto a sembrar la discordia. Hernández, en nombre de la Fecam, ha afirmado que no se sentarán en la comisión de coordinación con los sindicatos porque sería tratar igual a los jefes -los alcaldes- con sus trabajadores en la elaboración de la norma y propone una subcomisión.

UGT ha contestado de manera contundente a estas manifestaciones señalando que la Fecam «solo quiere silenciar a los representantes legítimos de los policías» con prácticas antidemocráticas. Desde CC OO se hace hincapié en que los alcaldes mantienen bloqueada la comisión -que no se reúne desde hace casi un año- y ni siquiera han nombrado a sus representantes.