«Si no hay Ley de Extranjería este mes de junio, tenemos un problema»

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, incide en que es necesario que se llegue a un acuerdo para modificar la Ley de Extranjería lo antes posible para así garantizar que el reparto de los menores migrantes entre las comunidades autónomas sea obligatorio.

– ¿Existe ahora mismo déficit de personal en los centros para atender a los menores migrantes?

– Ahora mismo no tenemos falta de personal, tenemos el adecuado. El problema es que si siguen llegando personas migrantes, se tendrían que abrir nuevos centros. En este caso, las entidades ya nos están avisando de que van a tener problemas para encontrar personal adecuado para estos lugares.

– ¿Se puede cuantificar el déficit que podría producirse?

– Por ejemplo, en El Hierro tenemos cuatro centros abiertos con 230 niños, con 90 personas contratadas. Con estas cifras nos podemos imaginar la envergadura que tienen estas instalaciones. En la actualidad tenemos en el archipiélago 80 centros operativos en las islas. Unos tienen más personal, porque hay más niños, y otros menos, pero estamos hablando de que son necesarias cifras importantes de trabajadores para atender a esos jóvenes.

– ¿Están teniendo problemas para encontrar personal cualificado ahora mismo?

– Las entidades nos están diciendo que es muy dificultoso encontrar el personal con el perfil adecuado para la atención a los menores porque claro, no todo el mundo sirve para trabajar en esto. Se tiene que poseer una debida formación y un nivel de estudios determinado para cierto puesto.

– A ello también se suma la falta de inmuebles para abrir nuevos centros...

– También está siendo difícil encontrar inmuebles adecuados para la atención de los menores migrantes.Pero no podemos seguir abriendo centros, primero, porque no encontramos personal, y segundo por el coste económico que supone la creación de esos nuevos centros. Todo ese presupuesto ya está saliendo del dinero de las arcas públicas de Canarias, porque los fondos estatales ya se gastaron.

– ¿Qué opciones se han barajado ante la saturación de los recursos ya existentes?

– Hemos intentado rehabilitar todo aquel inmueble que fuera propiedad del Gobierno o de los cabildos, que estuviera en desuso, para ponerlo a disposición de esto. También hablamos con la Iglesia para utilizar edificaciones que tuviera. Hemos solicitado a Defensa el uso del inmueble El Fuerte en La Palma y parte del que está en El Hierro, y no nos lo han permitido usar. Estamos usando todas las herramientas. Además, hemos pedido al Estado que aquellos inmuebles que son de su propiedad y que están en las islas, sobre todo militares que no están en uso, que nos permita usarlo para este fin, pero no nos han dejado de momento. Es verdad que estos recintos en desuso tampoco los puedes abrir de la noche a la mañana, hay que hacer obras de rehabilitación, de adecuación. Todo eso complica la situación en la que estamos.

– Son instalaciones que tienen que cumplir una serie de requisitos...

– Tiene que ser un inmueble que esté más o menos solo, que como mínimo quepan 20 0 25 niños y niñas. Hemos estado buscando antiguas residencias, colegios, ese tipo de construcciones para remodelarlas. También viviendas grandes como mínimo para este número de jóvenes. Creo que ya hemos ocupado todo lo que había de esas dimensiones.

– ¿Y ya han tenido respuesta?

– No, todavía no. El señor presidente iba a hablar de nuevo con la ministra de Hacienda y también con Ángel Víctor Torres para ver cómo iba la tramitación de la norma (la modificación de la Ley de Extranjería), que es lo único que nos permitirá planificar la atención con los centros que ya tenemos abiertos.

– ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo todavía?

– En principio teníamos los acuerdos ya con el Ministerio de Juventud e Infancia, de Migraciones, y con el de Política Territorial. Nosotros sabíamos que desde Hacienda no había problema en aprobar el texto que acordamos Canarias y el Estado. ¿Qué es lo que está pasando para que este texto todavía no se dé como definitivo? Pues no lo sabemos. Nos han presentado alguna que otra cuestión en alguna parte del texto articulado, al que nosotros le hemos hecho un contrainforme y se ha enviado. Todo eso está en poder del Estado, con lo cual entendíamos que ya esta semana iba a estar cerrado, pero no ha sido así.

– ¿Cuándo se materializará?

– Si esta Ley de Extranjería no está tramitada este mes de junio, tenemos un problema, porque lo que se espera a partir de agosto y septiembre puede superar incluso las cifras del año pasado. La previsión que nos hace Acnur, Unicef y todos los medios de los Cuerpos de Seguridad del Estado es que se prevé el doble de llegadas que el año pasado. Tenemos que prepararnos para una situación para la que ahora mismo no estamos preparados con los recursos que tenemos.

– El pasado lunes mostró su preocupación ante la posibilidad de que los jóvenes pudieran quedar en situación de calle si no se tienen recursos de acogida.

– Los que son menores de edad no se quedarán en la calle, salvo que nos viniera unas llegadas masivas como octubre del año pasado y no tuviéramos centros. En este caso, se pediría al Estado que se hiciera cargo de ellos porque no tendríamos lugar a donde acogerlos. Otra cosa serían los jóvenes con mayoría de edad. Estamos haciendo todo lo posible para que esos mayores no salgan del centro hasta que no tengan su documentación en regla. También ofrecemos formación y capacitación profesional para que cuando tengan su mayoría de edad puedan empezar a trabajar y, si se quieren quedar en Canarias, puedan hacer su vida como cualquier joven.

– En octubre del año pasado se acordó la derivación de 339 menores migrantes a la península. Solo se ha trasladado a 16. ¿A qué se debe?

– Se están preparando los expedientes de cinco chicos más. En este caso nos hemos encontrado de todo. Primero, la tramitación de ese convenio con la comunidad autónoma, que lleva su proceso. Aunque se aprobó en octubre, hasta diciembre no les llegó el dinero a las comunidades, y es verdad que estas no tienen el mismo procedimiento de urgencia que tenemos nosotros para el tema de contratación. Para la modificación de la Ley de Extranjería hemos pedido que se recoja ese procedimiento de urgencia para que así las comunidades autónomas receptoras puedan echar mano de él.

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