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En torno a 90.000 canarios podrán acogerse al ingreso mínimo vital (IMV) puesto en marcha por el Gobierno del Estado y que se puede solicitar desde ayer. Sin embargo, su tramitación en las islas puede conllevar importantes retrasos por la estructural carencia de personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la entidad encargada de resolver los expedientes.
Canarias es una de las comunidades con más desempleo, pobreza y exclusión, por lo que, desde el Ejecutivo regional se prevé que esta sea una de las autonomías donde se reciba un mayor número de solicitudes para obtener esta prestación. Un procedimiento que, de momento, se está encontrando con las oficinas de la Seguridad Social cerradas, ya que su previsión es abrir el próximo mes de julio. Otro problema añadido es que este organismo arrastra desde hace tiempo un importante déficit de personal, que en la provincia de Las Palmas suma unas 50 personas, a lo que se añade el problema que ya tenían con el cierre de la oficina de Arucas.
En este sentido, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Gran Canaria y vocal en la comisión ejecutiva provincial del INSS y la Tesorería General, Gustavo Martín, señala que la tramitación del ingreso mínimo vital viene a añadir «trabajo a la sobrecarga que ya tienen los empleados de la Seguridad Social». Esta situación, apunta, conllevará «inevitables retrasos» en la tramitación de estas prestaciones. A su juicio, es «inviable» asumir la gestión de esta nueva prestación con la carencia «crónica» de trabajadores que padece la Seguridad Social en Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas.
Para paliar esta situación y ante el importante volumen de solicitudes que se prevé en un breve espacio de tiempo, el INSS ha previsto un plan de «intensificación», es decir, gratificaciones a los empleados que voluntariamente prolonguen su jornada laboral para gestionar estos expedientes. Se contará de forma prioritaria con el personal que tenga experiencia en este tipo de tramitaciones. La gratificación por este trabajo será de 21 euros brutos la hora con un máximo de 3.600 euros, que se abonará en un único pago antes de finalizar el primer semestre de 2021.
El Gobierno central prevé que la renta mínima vital llegará a 850.000 hogares en riesgo de pobreza en España y se puede pedir desde ayer vía telemática en las oficinas de la Seguridad Social. Su cuantía oscila entre los 461,5 euros para un adulto solo y los 1.015 euros para una familia de cinco miembros. País Vasco y Navarra son las dos únicas comunidades autónomas que gestionarán esta prestación.
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