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Canarias7 / Santa Cruz de Tenerife
Viernes, 20 de octubre 2017, 10:52
La Audiencia señala textualmente que en contra de lo que consideró el Juzgado de Instrucción, «a la vista de la situación expuesta no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que se levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato no atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal».
La concejal de Unid@s Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, María José Roca, quiso recordar que la privatización de las grúas «había supuesto un sobrecoste anual de 150.000 euros para las arcas municipales, que los incumplimientos del pliego de condiciones habían sido constantes y que la oposición se vio obligada a acudir a los tribunales ante la inutilidad de la Comisión de Investigación creada al efecto».
María José Roca añadió en su intervención ante los medios de comunicación que el propietario del servicio de grúas insistió en sede judicial y en la propia Comisión de Grúas que «fue utilizado para enchufar en su empresa a personas afines a Coalición Canaria».
Según Rubens Ascanio, portavoz de la formación, «hoy más que nunca hay caso Grúas, hay caso y va a ser investigado». Asimismo, remarcó que la Audiencia «señala claramente al exalcalde, Fernando Clavijo, como el principal responsable, apartándose de la legalidad en contra de los informes de los técnicos municipales, al tiempo que obliga a investigar su relación de amistad con algunos de los trabajadores que pusieron como sede social de la empresa una oficina del propio Clavijo».
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