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La mesa de negociación se constituyó ayer con la presencia del presidente Torres. C7
Jornadas «maratonianas» para estabilizar a los interinos

Jornadas «maratonianas» para estabilizar a los interinos

Las administraciones y los sindicatos pretenden concretar la semana que viene los criterios para los procesos selectivos

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de abril 2022, 23:14

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Los representantes de todas las administraciones canarias se han reunido por primera vez con las principales organizaciones sindicales en una misma mesa para abordar el problema de la temporalidad.

Una situación que en las islas afecta al 40% de los empleados públicos, alrededor de 25.000 interinos entre los que se incluye, también, el personal docente y sanitario, aunque para ellos se realizará un proceso de estabilización diferenciado.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió ayer la cita en la que se constituyó una mesa de negociación con la voluntad de coordinarse en la aplicación de la Ley 20/2021, ya que se daban diferentes interpretaciones por parte de la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos a la hora de desarrollar los procesos selectivos.

Con ello, también se pretende evitar dar pie a agravios entre administraciones, tal y como apuntó la presidente de la Fecam, María Brito, acompañada por el alcalde de La Aldea, Tomás Pérez y la tinerfeña Berta Pérez, en representación de la Fecai.

A la reunión con el presidente le siguió otra de carácter más técnico encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, a fin de «ponerse manos a la obra» con la mayor inmediatez.

En ella se acordó la convocatoria de las mesas de trabajo para la semana que viene, en la que se abordarán al menos tres jornadas «maratonianas» para pactar los criterios comunes de las OPE de estabilización.

«Acudirán dos representantes de cada una de las partes y la idea es salir de allí ya con un concenso», explicó Francisco Elías Martín, secretario general de CSIF.

Calendario

Se da así un «paso hacia adelante» para cumplir con los ajustados plazos que marca el Estado: la norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases para que los procesos hayan finalizado en diciembre de 2024.

Desde CC.OO. apuntaron que ya una veintena de ayuntamientos están alineados con el calendario y tienen publicadas sus OPE. «Es fundamental para acabar con la incertidumbre y lo tienen que hacer todos, si no, no hay partido», señaló Juan Miguel Suárez.

En general, los sindicatos han celebrado el compromiso del Gobierno y consideran que hay cierto acuerdo en el sentido de que tratarán de evitar que sean los trabajadores quienes «paguen» por los abusos de la Administración.

«No será fácil, pero hemos conseguido manifestar la intención de que la ley tenga una diferenciación clara con respecto al resto del Estado», ha apuntado Fran Bautista, de UGT.

Torres aseguró que respetará el marco jurídico pero también ha puesto en valor que los sindicatos se unan para para dialogar. Desde Sepca, incluso, tendieron la mano para colaborar en la gestión de recursos humanos en la administración: «Nos va a tener a su lado», agregó José Mascarell.

«Un poco más» de voluntad política

El conflicto con el comité de huelga sigue abierto y en paralelo a los avances de la Administración. Sin embargo, Intersindical Canaria reconocía ayer haber visto «algo más» de voluntad política.

Una percepción que se toman con cautela, ya que su representante, Pedro Pablo Medina, señaló que incluso otros sindicatos habían manifestado que «aún no hablaban en mismo idioma» en lo referente al abuso.

Uno de los retos ahora está en verificar con todas las administraciones cuáles son las plazas que podrían regularse, a fin de conocer la verdadera dimensión del problema. IC, que insiste en hablar de «personas», también ha pedido que esas listas sean de acceso público pero temen que «el tiempo se eche encima» y no se garantice la suficiente transparencia en el proceso.

Con todo, el sindicato asegura que se mantendrá firme en la huelga y en la defensa del cumplimiento del acuerdo de abril. «Estaremos en todas las convocatorias porque tenemos que estar, pero defendiendo una posición clara: el trabajador no puede ser quien pague el abuso», añadió Pedro Pablo Medina.

En este sentido, esperan que durante la mesa de negociación de la próxima semana puedan «encajar» todas sus demandas en el procedimiento «o habrá un escenario muy distinto».

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