Las islas «reclaman» un «gran consenso» para el decreto de menores

El Gobierno de Canarias espera con «optimismo», pero también «prudencia» que este jueves 10 de abril se convalide en el Congreso de los Diputados el Real Decreto ley que permitirá el reparto de menores migrantes no acompañados. «Nosotros seguimos reclamando que debiera de ser un asunto que tuviera un gran consenso, que, en el ámbito del Congreso de los Diputados, porque al final es una respuesta estructural, no solo para Canarias y Ceuta, sino una respuesta para el conjunto del Estado español», afirmó el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.

Preguntado por el caso de Extremadura, que ha señalado que su sistema de acogida está completo al atender a 90 chicos y chicas cuando solo dispone de 80 plazas, Cabello dijo que le «entristecía» oírlo. «Al final, ¿qué hubiera pasado en Canarias si cuando teníamos 20 centros y apenas teníamos 2.000 menores migrantes no acompañados hubiéramos hecho este tipo de declaraciones que está haciendo ahora Extremadura?», se preguntó. A su juicio, que hoy esos menores migrantes no acompañados hubiesen estado desatendidos. En cambio, Canarias declaró la emergencia y «movilizó casi 180 millones de euros de presupuesto de la Comunidad Autónoma» para dar una respuesta pasando a contar con 86 centros. De esta manera, agregó, las islas dieron «una respuesta a la altura de los derechos humanos y lo que merecen esos niños y esas niñas». Si Extremadura tiene 80 plazas, añadió, lo que debe hacer es «habilitar algunas más, como se ha hecho en Canarias, igual que se hizo en su momento cuando llegaron los menores ucranianos».

Sobre el auto de medidas cautelares positivas del Tribunal Supremo (TS) para los menores migrantes no acompañados cuyo asilo político se ha aprobado o lo han solicitado Cabello dijo que es el Estado el que debe cumplir con el plazo, que acaba este miércoles 9 de abril.

«Aquí hay dictada unas cautelares por parte del Supremo y es el Gobierno del Estado quien tiene que dar respuesta. Canarias colabora en todo lo posible, hemos trasladado el listado nominal de esos 1.008 menores», que están en esa situación. Y aunque el Ejecutivo regional es «somos totalmente razonables a la hora de establecer el cumplimiento de esas medidas cautelares» la responsabilidad es estatal.

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