Sira Rego

Ministra de Juventud e Infancia

Sira Rego, sobre el reparto de menores: «Hay una insumisión a cumplir con la ley y es por un motivo racista»

La ministra de Infancia, Sira Rego (Valencia, 1973), acusa al PP de obstaculizar cualquier paso para aplicar el real decreto ley que permite la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Advierte de que la ley «hay que cumplirla», e insiste en que la distribución comenzará en verano.

-Los tiempos políticos no son los mismos que la realidad. Explíquele a un canario o una canaria por qué ha costado tanto llegar a una solución.

-Yo creo que los tiempos políticos siempre se deben hacer cargo de la urgencia y de la realidad. Y creo, de verdad que sí, que se podría haber resuelto esto hace mucho tiempo. La propuesta para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería ya era una realidad hace un año y se podría haber resuelto. Hemos tenido un bloqueo de la derecha y de la extrema derecha, del Partido Popular en alianza con Vox. Esto es lo que ha sucedido. Hay una agenda que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con lo partidista, que está imperando por encima de los derechos fundamentales de la infancia y por encima de la solidaridad. Entiendo el dolor y entiendo el hastío incluso que puede haber en Canarias. Y lo entiendo perfectamente. Y lo que puedo decir es que desde el Ministerio de Juventud e Infancia estamos trabajando con determinación para resolver esto cuanto antes. Llevamos planteando alternativas, soluciones, voluntad de trabajo o no nos hemos levantado de la mesa de negociación. Hemos interpelado absolutamente a todo el mundo porque sí que creemos que hay solución y sí que creemos que es una cuestión de voluntad política, nada más.

-Con quienes vinieron de Ucrania no hubo problema...

-Hemos sido capaces de acoger a niños de Ucrania sin problema, un ejemplo de solidaridad. No hay razón para no hacer lo mismo con los menores que están en Canarias, Ceuta u otras comunidades. Estamos actuando desde la empatía y la defensa de los derechos de la infancia, con especial reconocimiento a la sociedad canaria por su acogida. No podemos dejar solos a estos niños ni a esos territorios. Pese a los escollos y las dificultades impuestas por la derecha y la ultraderecha, seguimos adelante con la reforma del artículo 35. Hay una cuestión que es importante y es que la derecha está enredándose en cuestiones procedimentales para evitar que se ponga en marcha el real decreto, y detrás de todo esto, a mí se me ocurre que solo hay una razón y es la agenda de Vox, que aunque no esté formalmente los gobiernos autonómicos de muchas comunidades autónomas en lo en lo real sí que está determinando la agenda del PP. Y esto tiene mucho que ver con un criterio estrictamente racista. Con la agenda ultra que ya opera en muchos países europeos en torno a los procesos migratorios. El Gobierno va a seguir trabajando incansablemente para que este real decreto esté operativo con los traslados a partir de verano y que esto sea una realidad, y que en un mes y medio o dos meses esté a pleno rendimiento.

-Pero comunidades del PP como Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria han acudido al Tribunal Constitucional y Aragón, incluso, a la Audiencia Provincial de Madrid para denunciar que le reclamen datos de ocupación. ¿No va a retrasar esta judicialización ese reparto solidario?

-Es inaudito que una comunidad autónoma se declare insumisa, negarse a cumplir con una ley, que es la situación de Aragón. Es como si alguien dice que no está de acuerdo con que vayamos por las autovías a 120 y quiere ir a 180 y mientras pone un recurso al Constitucional para ver si ganan, siguieran conduciendo a 180 en lugar de respetar la ley. Hay una ley que dice que se conduce a 120 por hora en una autovía y tienes que respetarla, por más que tú consideres que no. Hay una insumisión a cumplir con la ley y el único motivo es un motivo racista, no hay otro porque no hay ninguna argumentación. Es el bloqueo. De hecho, estamos viendo como están cerrando el acuerdo para los presupuestos en Baleares y uno de los requisitos para poder firmarlo es que no se van a acoger niños de origen extranjero. Pues esto es un motivo que tiene nombre y apellidos y es un motivo puramente racista. Nosotros estamos gobernando, obviamente, desde otro lugar. Ponemos en el centro los derechos humanos. Creemos que es un valor como sociedad defender los derechos humanos y por tanto hay que defender también la acogida digna para estos niños y niñas.

-¿Si tuviesen mayoría en el Senado pediría aplicar el 155?

-El Partido Popular tiene una visión muy patrimonialista de las instituciones. Cuando el PP gobierna hace una interpretación de la gestión de las propias instituciones y del marco legal. Y, sin embargo, cuando no está en el gobierno central otra. En este caso, están los gobiernos autonómicos y permitiendo hacer una interpretación distinta del marco legal. Pero las leyes están para cumplirlas. Luego, legítimamente cada comunidad autónoma puede hacer uso del marco legislativo para recurrir o lo que considere oportuno, pero mientras tanto hay que cumplir con la ley. Y lo que nos estamos encontrando aquí es con un bloqueo procedimental sistemático. Tenemos un real decreto en el que se contempla permanentemente la colaboración con las comunidades autónomas. Pero lo que nosotros planteábamos como mecanismo de colaboración, precisamente para respetar nuestro modelo de Estado, el PP lo está utilizando como un instrumento impugnado para bloquear sistemáticamente la posibilidad de poner en marcha el real decreto. Pero en esto voy a ser muy firme. La ley se va a aplicar mientras un tribunal no diga lo contrario. Estamos trabajando con una determinación inquebrantable para que los traslados comiencen a darse a partir de este verano. De hecho, acabamos de llevar una propuesta hace apenas dos días a la comisión preparatoria de dimensión del sistema ordinario de acogida. Es una propuesta que está sometida a la consideración de las comunidades autónomas. Pero no han querido aportar ninguna apreciación, ninguna aportación y bloquean la posibilidad de llevarlo a una conferencia sectorial. Nosotros hemos hecho una consulta al Consejo de Estado en caso de que este lo considere ya sería determinante para decir formalmente que no hay unanimidad y, a partir de este momento, se aplicaría directamente el real decreto. Por tanto, estaríamos en condiciones de tener un mecanismo ya establecido de lo que es el sistema ordinario de acogida: 32 plazas por cada 100.000 habitantes.

-Parece una cifra asumible, Canarias coge a casi 5.000 y se reduciría a 720.

-Es absolutamente asumible, porque, además, para dimensionar el sistema ordinario, lo que hemos tenido en cuenta es el número de niños y niñas que han estado en el pico máximo de ocupación de plazas en el sistema de acogida de nuestro país. No estamos hablando de un hipotético mínimo de creación de plazas que no han sido nunca ocupadas. No, estamos hablando de seres humanos que han ocupado en algún momento una plaza. Por tanto es perfectamente asumible y en términos económicos, por ejemplo, a una comunidad como Galicia le supone un 0,17% de su presupuesto. Con un 1% de los regalos fiscales que le hace Ayuso a los superricos en la Comunidad de Madrid, podría tener un sistema de acogida absolutamente saneado y correctamente dimensionado. Es decir, estamos hablando realmente de un porcentaje irrisorio de los presupuestos de las comunidades autónomas para poder tener un buen sistema de acogida.

-¿Habrá financiación estatal?

-El Estado va a poner recursos. Ya tenemos una partida presupuestaria para hacer los traslados y una parte del acompañamiento. Estamos hablando en algunos casos de chicos y chicas que están cerca de la mayoría de edad, con lo cual estamos hablando de que en la parte de apoyo del Estado, con un buen programa de acompañamiento a la vida adulta, no sería un coste tan alto. Y estamos hablando jóvenes que tienen un nivel de empleabilidad altísimo. Casi un 70% de chicos y chicas migrantes no acompañados logran empleo. Y esto también es una manera de contribuir a nuestra comunidad y a nuestra sociedad de manera positiva, de reforzar el tejido productivo, la fuerza de trabajo. Creo que eso también hay que ponerlo en valor porque están comprometidos también con este país.

-En el borrador del protocolo de los traslados se habla de apoyo policial y de Fiscalía. ¿Qué ocurrirá si una comunidad no recoge a los menores?

-No soy de entrar en hacer análisis de escenarios de futuro, que bueno que pueden darse o no. Yo creo que hay mecanismos legales que van a estar vigentes. De momento, quiero pensar que esto va a cumplirse, con los procedimientos de traslado y se les dé una acogida digna, porque tienen obligación de hacerlo.

-Desde el punto de vista político, ¿entiende que el PP se oponga al reparto y gobierne en Canarias?

-A mí me gustaría saber qué opina el señor Feijóo de esto. Es una contradicción que tiene el PP. El señor Feijóo tendría que explicarnos al país como es posible que determinados barones territoriales del PP estén votando en contra de gobiernos del PP, que gobierna en Canarias y en Ceuta, y esta modificación del artículo 35 precisamente tiene que ver con dar respuesta teniendo en cuenta la solidaridad interterritorial con Ceuta y con y con Canarias, donde gobierna el Partido Popular. Y tenemos a Aragón, a Madrid y otras comunidades autónomas que están en una posición muy refractarias a la acogida, que son también del Partido Popular. Casi se diría que es un problema interno del Partido Popular que deberían explicarnos al conjunto del país por qué nos tienen sometidos a esta contradicción.

-También es verdad que el Estado no ha acogido a los menores asilados en el Sistema de Protección Internacional, precisamente el argumento del PP.

-El Estado tiene que hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo y nos vamos a hacer cargo de los menores solicitantes de asilo. De hecho, una parte de los traslados y de la modificación del artículo 35 desde el origen se hizo contando con estos niños y niñas. Evidentemente tienen que tener un tratamiento específico, porque son solicitantes de protección internacional y tenemos que ser también exigentes y hacernos cargo como Gobierno central. No hay ninguna duda al respecto que tiene que ver también con la modificación de este real decreto y con los protocolos de traslados, porque seguimos teniendo un sistema de competencias en el que la tutela de estos niños estaría si o si en las comunidades autónomas, con la complejidad que tiene en términos legales todo esto. Pero ahí, como Estado, tenemos que cumplir y vamos a cumplir como Gobierno central la parte que corresponde.

-Hay centros hacinados, problemas con algunas ONG, infraestructuras que el Gobierno canario ha tenido que cerrar por sus condiciones... ¿Quién vela por los derechos de la infancia?

-Nosotros velamos por ese derecho de la infancia y no hemos dejado de trabajar para que saliera adelante esta reforma del artículo 35 para que sea una realidad cuanto antes esta política de acogida solidaria que tiene que haber entre todos los territorios. Esa es nuestra tarea. Ese es el nudo que necesitamos resolver para dar derechos a estos niños y niñas. Tantos niños y niñas hacinados generan tensiones a todos los niveles. Esto hay que entenderlo. Por eso es tan importante que se ponga en marcha el artículo 35 cuanto antes. Es central para evitar que se den este tipo de situaciones. Y debo decir también es importante trabajar desde la empatía. No es que escuchemos o que estemos informados, es que hemos estado en centros. Hemos visto y estado con estos niños y niñas. Venimos de El Hierro. Hay que estar ahí para conocer 'in situ' y saber la realidad que arrastra la gente que llega.

-Alguna región ha planteado que se devuelvan a los menores a sus países y sus familias.

-Hay muchos menores que no tienen familia o que la han perdido en el tránsito migratorio. Otros vienen a trabajar porque es la única manera que tienen de sostener a sus familias. Para analizar el fenómeno migratorio hay que ser muy serios, hay que ser humanos, ser solidarios y hay que hacerse cargo también de la responsabilidad histórica que tenemos como países del norte global.

-¿Ha pecado de ingenua pensando que iba a lograr el apoyo de las regiones en este asunto?

-Yo creo que no podemos abandonar nunca en política porque estemos en tiempos de barro. Me niego a entender la política desde el barro. No podemos romper jamás la posibilidad del diálogo y de entendernos. Y esto no lo digo como acto de ingenuidad, sino desde el convencimiento de que las instituciones políticas tienen que ser espacios de diálogo y de entendimiento. No renuncio a que la política sea un espacio de construcción y lo creo desde la radicalidad democrática. Es verdad que el hecho de que no haya acuerdo dilata los plazos desgraciadamente. Coincido con la sociedad canaria, es urgente resolver. Mantenemos abierta esa vía, pero nosotros seguimos trabajando. Vamos a aplicar un sistema ordinario de 32 plazas por 100.000 habitantes y este verano vamos a comenzar con la política de traslados a Península. Tenemos los recursos económicos, tenemos un reglamento que se está tramitando y que vamos a estar en condiciones de tener listo para el mes que viene y, a partir de ese momento, nos ponemos en marcha pues ya estamos en condiciones de declarar la contingencia migratoria extraordinaria para Canarias.

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