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El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. Cober

Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

«Haremos vivienda asequible cuanto antes, porque hay 25.000 peticiones»

El dirigente de CC en Gran Canaria vuelve a dirigir un departamento en el que - recuerda- algunos de los grandes proyectos en ejecución llevan su firma

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 27 de agosto 2023, 02:00

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- Su antecesor, Sebastián Franquis, dijo cuando llegó a la Consejería que en los cajones no había ningún proyecto. ¿Usted que ha encontrado?

- Lo primero que hay que decir es que los proyectos que hoy están en ejecución del convenio de carreteras fueron redactados en mi anterior etapa. Es muy difícil ver iniciar y finalizar un proyecto en una legislatura, por lo que esta oportunidad de volver a esta Consejería me va dar esa posibilidad. ¿Qué he encontrado? Un número importante de obras en ejecución y de proyectos, pero hay que priorizar qué queremos ejecutar en los años que quedan de convenio.

- Le tocará otra vez negociar el nuevo convenio. ¿Habrá obra nueva o serán prórrogas de las recogidas en el plan actual?

- Todos los convenios firmados entre Canarias y el Estado han incorporado más obras que las permitidas por la ficha financiera, así que el nuevo programa de carreteras incorporará actuaciones que no se van a ejecutar en el actual. Es difícil que haya obras nuevas porque las que son competencia del Gobierno de Canarias están todas incorporadas.

- ¿Cuantas quedarán pendientes?

- Aún no sabemos. Hay unos 700 millones sin comprometer del convenio actual y quedan actuaciones importantes que incorporar. Veremos cuáles son prioritarias.

- ¿En esos 700 millones están los 450 de la adenda al plan actual?

- La adenda no incorpora 450 millones al nuevo plan, sino algo más de 220. El resto se ha utilizado para las obras del plan anterior que aún no han finalizado, como la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Esto tiene bastante sentido, porque el Gobierno canario estaba pagando con fondos propios obras del anterior convenio y lo lógico es que lo hiciera el Estado en base a la sentencia del Tribunal Supremo.

Las frases

  • Carreteras «Es difícil que haya obra nueva en el nuevo convenio, que habrá que negociar en este mandato»

  • Billetes aéreos «Si Madrid no hace públicos los datos del Observatorio de precios, crearemos nuestro propio observatorio»

  • Vivienda «El plan de vivienda está bien planteado, pero ha fallado la ejecución»

  • Costas «Desde el 1 de enero, las concesiones en dominio pública son del Gobierno de Canarias. No vamos a aflojar ni un punto»

- Uno de los problemas que más afecta a la ciudadanía es la dificultad para acceder a una vivienda. ¿Como lo abordará?

- El plan de vivienda 2020-2025 está bien planteado, pero debe ser más ambicioso en algunas políticas, como la colaboración público-privada o la vivienda vacía, aunque el gran handicap es su ejecución. No hemos visto bloque sobre bloque, no hemos visto nuevas casas, ni más vivienda vacía en el mercado o una gran actuación en viviendas inacabadas. Lo que toca en los dos años que queda de plan es ser ejecutivos. Vamos a priorizar la ejecución, porque creemos que se dio prioridad a la aprobación del plan.

- Para ejecutar había que aprobarlo primero

- Lo aprobamos entre todos en el Parlamento y el siguiente será igual, pero no vamos a desviarnos de lo importante que es ejecutar para tener viviendas asequibles en el mercado, sobre todo porque el marco financiero está cerrado. Además, la obra pública es un generador de empleo muy potente.

- Insiste en la vivienda vacía, que no ha tenido mucha respuesta

- A través de Visocan queremos buscar una fórmula diferente. No sacar una vivienda en un edificio de 50 pisos, sino tratar de buscar edificios que podamos alquilar completos.

- Habla de ser más ambiciosos en la colaboración público-privada. ¿Cómo?

-Se han dado muy pocos pasos. De la mano de la patronal de Las Palmas y otros agentes sociales vamos a plantear varias vías: una de ellas es que operadores privados construyan viviendas en suelo privado que terminen siendo gestionadas por la parte pública para ponerlas en alquiler asequible. Así se implementa el ritmo de colocación de vivienda. Otra fórmula es utilizar suelo público para establecer derecho/superficie, pero hay que ver si tenemos suelo, porque el que tenemos es para construir la obra ya planificada.

- ¿Dará prioridad a las zonas o islas turísticas?

-Sí, vamos a priorizar zonas e islas turísticas, pero dependemos de donde tengamos suelo. Lo que no podemos es dar prioridad a un municipio donde no tenemos ni un metro cuadrado y dejar de construir en otro donde sí hay suelo disponible. La emergencia habitacional afecta a toda Canarias, aunque es especialmente grave para los trabajadores de las zonas turísticas. Por eso, el objetivo es poner vivienda cuanto antes al servicio de la demanda con todos los instrumentos disponibles, porque hay 25.000 demandantes.

- CC incluye en la agenda canaria mantener el 75% de bonificación. ¿Peligra?

-Está en nuestro REF y anclado en el Estatuto y por tanto tiene un marco jurídico potente de blindaje, pero cada cierto tiempo, alguien lo cuestiona. Ante eso, planteamos el blindaje jurídico y político porque es un logro que nos iguala al resto de ciudadanos. No vamos a renunciar nunca a ese 75%.

- ¿Qué le parece fijar las obligaciones de servicio público (OSP)?

-Lo vamos a estudiar. Es un instrumento que requiere la autorización de la UE, con lo que no está exento de dificultades, y además cierra el mercado. ¿Eso garantiza frecuencia, precio y plazas? Es la gran duda. Queremos que se reactive el proyecto piloto previsto en Lanzarote a ver si ofrece datos interesantes. El Estado tiene un Observatorio de precios pero la información no es pública. Queremos conocer esos datos. Si no, crearemos nuestro propio observatorio de precios.

- ¿Hasta cuando guaguas gratis?

-Esta bonificación se impulsó de forma coyuntural por la covid, se prorrogó por Ucrania y después por la inflación. La crisis inflacionista no ha mermado y lo lógico es que se mantenga en 2024 como mínimo. Otra cosa es cobrarlo, porque no nos ha llegado el dinero de este año y lo están asumiendo sobre todo los cabildos. Esperamos cobrarlo en septiembre.

El consejero Pablo Rodríguez en su despacho de Las Palmas de Gran Canaria. Cober

- Las transferencias de Costas no se resolvieron bien y siguen pendientes los expedientes de los hoteles de Corralejo. ¿Cómo lo están afrontando?

-Hemos pedido por carta una reunión de la Comisión Mixta entre Canarias y el Estado para plantear nuestras dudas, muy justificadas, en torno a lo que Madrid interpreta respecto al decreto de transferencias de Costas. Es verdad que el traspaso no se cerró bien porque hay resistencia del Estado a otorgarnos determinadas competencias, pero no vamos a aflojar ni un punto en este sentido. Nuestra posición es que las concesiones en dominio público corresponden al Gobierno canario desde el 1 de enero.

-¿Y la situación de los hoteles?

-Estos hoteles ya tienen una concesión por 75 y 30 años que están vigentes, es decir que no son nuevas. Lo que quiere el Estado es revisar esas concesiones que ellos otorgaron. Para nosotros, eso no tiene sentido, porque en enero heredamos las concesiones de dominio público, las nuevas y las ya existentes. Por tanto, si cabe la revisión, que no lo sé, le corresponde al Canarias.

-Otro asunto que quedó sin solución definitiva, y sobre el que usted mantuvo discrepancias con el anterior Gobierno, es el futuro del puerto de Santa Águeda y el posible traslado de la cementera una vez ha expirado la concesión

- Es que no solucionaron nada y dejaron el asunto sobre la mesa. Hoy la cementera está fuera de concesión en el puerto de Santa Águeda y, en base a la legalidad vigente, esa concesión de uso industrial no se puede prorrogar. Toca recuperar el puerto para el uso que plantea el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que recoge que una vez finalizada la concesión, el uso del puerto debe ser deportivo, de ocio, social... el que se determine, pero no industrial. Es verdad que el suelo es de la empresa y ahí ni entramos ni salimos. Será el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en base al propio PIO, el que tendrá que hacer un plan parcial de la zona para reordenar ese espacio.

- ¿No habrá problema con el Ayuntamiento?

-No creo que haya problema en este sentido porque estamos en sintonía con el Ayuntamiento y el concejal (Alejandro Marichal) es compañero de partido. No hay ningún capricho sino que, en cumplimiento de la ley, se debe recuperar una bahía que tiene una riqueza espectacular, que es El Pajar, y que lleva 50 años -de manera legal, necesaria y generando puestos de trabajo- en manos de una concesión administrativa y ahora tendrá otro uso. Yo pondré todo lo que está en mi mano para que la cementera no se vaya de Gran Canaria o se pierdan los puestos de trabajo, sino que tenga otra ubicación.

- ¿Arinaga es una opción?

- No sé si tiene espacio. Es verdad que el consejero anterior planteó que había posibilidad a medio plazo de que hubiera opciones en Arinaga y ya lo veremos con la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

- Esa sintonía con compañeros del partido no ha existido con el representante de Puerto del Rosario en la Autoridad Portuaria, como tampoco con el alcalde de Agüimes. ¿Eso es inamovible?

- Óscar Hernández no estaba en la Autoridad Portuaria por ser alcalde de Agüimes, sino por ser de Roque Aguayro, socio de NC. Los municipios representados en la dos autoridades portuarias son los que dan nombre a la entidad y los que tienen mayor suelo a disposición, Arrecife y Santa Cruz de La Palma. Es la ley de puertos del Estado. Yo creo que debemos ser más ambiciosos y plantear la modificación de esa ley para que estén representados todos los ayuntamientos que tienen puerto de interés estatal, no solo Agüimes, sino también Telde, por ejemplo. En cuanto a los representantes de la comunidad autónoma, hemos elegido a los que consideramos mejor. ¿Es inamovible? Nada es inamovible.

- Tiene un alto cargo, Antonio Ortega, que tiene una causa abierta por presunta agresión sexual

-Conozco a Antonio Ortega desde hace muchos años, es un excelente gestor y voy a defender la presunción de inocencia hasta que la justicia se pronuncie.

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