«Si están haciendo de esta isla una cárcel, los municipios turísticos son casi el patio»

-Evidentemente las imágenes son muy duras, sobre todo en un municipio que no está acostumbrado a ese tipo de situaciones. No creo que se nos esté yendo de las manos. Lo que sí es verdad, y es lo que acabo de decirle al delegado del Gobierno, es que la solidaridad, el ayudar al que viene de fuera, no tiene que ir reñido con la seguridad ni con garantizar la convivencia. Y luego, aunque hay que recordar que la crisis económica no viene de la migración, sino de la covid, ¿cómo se lo explicas a los 3.000 usuarios que tenemos ahora en Servicios Sociales cuando ven que todos esos chicos están aquí? Y luego están la falsa noticia y el bulo, que juegan su papel. Creo que con este escenario sobre la mesa lo que toca es que nos pongamos ya en nuestro sitio.

-¿Y eso qué quiere decir?

-Pues que exijamos también. Hemos sido un municipio solidario, pero tenemos que empezar a exigir que se tomen medidas. Fruto de eso es la reunión de hoy (por ayer). Y tenemos que hacerlo nosotros, los gobernantes de grupos progresistas porque si no tengo la certeza de que de esto se 'malbeneficiarán' otros. Se está generando un caldo de cultivo malintencionado de que los emigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Tenemos que dar un golpe en la mesa y defender que hay que ayudar al que viene de fuera, porque su situación es trágica, pero tenemos que exigir también una mayor seguridad, que se hagan las derivaciones a los CIE y las deportaciones a sus países de origen.

-¿Y qué más exigen?

-Mayor coordinación entre la Policía Nacional y los ayuntamientos, porque somos los que recibimos las primeras quejas. Somos el primer muro de contención y hay veces que ni se nos informa. Hemos exigido que los inmigrantes que están en nuestros hoteles vayan a espacios públicos del Estado. No han sido lo suficientemente ágiles y eso ha derivado en esta situación.

-¿Son hechos puntuales o responden a un aumento real de la inseguridad?

-No, no son hechos puntuales. El jefe de la Policía Nacional de Maspalomas manifiesta que en el último mes tiene registradas unas 40 denuncias. Es una situación de inseguridad que se puede dar también en otro momento, pero ahora tenemos una coyuntura distinta; tenemos una crisis migratoria, una zona turística que no tiene turistas y una sociedad que lo está pasando mal. El presidente del Cabildo repite que están tratando de convertir a la isla en una cárcel y de hecho se están construyendo campamentos para que se queden aquí. Se hacen deportaciones, sí, pero no con la agilidad debida. Y aunque no me guste ese término, si están haciendo de esta isla una cárcel, nuestros municipios turísticos son casi el patio de esa cárcel. Por eso exigimos más medios.

-¿Y se han marcado plazos?

-Más que plazos, medios, como por ejemplo el aumento de 40 efectivos reales de la Policía Nacional para tratar de paliar esa imagen de inseguridad que se está generando. También se comprometen a que comiencen las derivaciones para vaciar los hoteles. Y la coordinación, en la que les insistí, porque aunque esto no es competencia nuestra, y ellos creen que no tienen que comunicarnos sus decisiones, nos afectan y mucho, porque acogemos a los migrantes en nuestro suelo y porque nuestros servicios públicos se están viendo sometidos a una sobrecarga. Por ejemplo, los responsables de los centros médicos me manifestaban que han visto aumentar su número de pacientes. Pues bien, el Gobierno canario debería aumentar el número de médicos. Y se da otra paradoja: los menores inmigrantes cumplen la mayoría de edad, son liberados y están ocupando nuestros servicios, nuestros bancos de alimentos. Nuestra premisa es que todos tengan sus necesidades básicas cubiertas, incluidos los migrantes, pero nos estamos viendo sobrecargados...

-¿Tiene cifras?

-Me decía la responsable de Servicios Sociales que están haciendo uso de ese servicio, que era para los sintecho, unos 60 migrantes que hasta hace poco eran menores y que ahora están en la calle.

-¿Y cómo es que acaban en la calle, sin nada?

-Pues esa es otra de nuestras exigencias, que haya más coordinación entre la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento y las ong. Debemos tener un mayor control de lo que están haciendo. No puede ser que alguien que tenga un mal comportamiento en un hotel sea liberado y esté en la calle. No les dejan volver al hotel. Y nos los encontramos en la vía pública sin que lo sepan ni la Delegación del Gobierno ni la Policía Nacional.

-¿San Bartolomé sabe cuántos inmigrantes están en sus hoteles?

-Unos 2.600, por lo que me dicen las ong. Me consta que las hay que hacen un trabajo exquisito, pero luego hay otras que o se ven sobrepasadas o no tienen recursos.

-¿Y los vecinos? ¿Qué le dicen?

-Nos trasladan constantemente la sensación de inseguridad, pero yo creo que es un tanto falsa porque está generada por las redes sociales. Entre el contexto actual de crisis, ver a todos esos chicos dando vueltas por las calles y la acción de los bulos, todo eso alimenta esa inseguridad, de ahí que crea que los gobiernos progresistas somos los que debemos liderar este discurso y poner más medios.

-¿Pero les han dado un plazo para que dejen los hoteles?

-No, están terminando de habilitar los CIE y ya están realizando traslados. Pero no nos han dado plazos. También lo he puesto de manifiesto. Parece que quien presiona y quien alza más la voz es al que más se le hace caso.

-Por ahora ha sido así...

-Pues no debería ser así. Flaco favor se le hace a la sociedad canaria. Genera un discurso en la gente que tiene sus frutos. Nosotros hemos sido comedidos. Somos una sociedad que acoge, pero tenemos que poner ya los medios. Si no vendrán otros y se generará la opinión de que somos una sociedad racista y xenófoba. Y no lo somos. Nos faltaríamos el respeto, pero eso no quita para que haya mayor seguridad.

-¿No les ha limitado el hecho de que la alcaldesa sea del partido que está en el Gobierno central?

-No, para nada. Ha sido valiente y contundente, y ha sido la primera que mostró su disconformidad con el uso de los hoteles. Lo vimos como un uso eventual, pero está siendo estructural, y a eso nos oponemos. Fruto de eso es esta reunión, que estaba convocada desde la pasada semana porque veíamos el caldo de cultivo que se estaba creando.

-¿Abandonan la idea de sancionar a los hoteles que los acojan?

-Mi criterio es que no deben ser sancionados. Eran un recurso coyuntural por un tema de derechos humanos, por lo que sucedía en Arguineguín, y hemos sido solidarios y responsables, y no hemos alzado la voz, pero a veces sentíamos que no se nos escuchaba. Por eso es el momento de defender los derechos de todos, también de nuestros ciudadanos.