Hacienda trabaja en un «plan de sedes» para concentrar servicios y ahorrar en alquileres
Matilde Asián trasladará la Consejería de Economía al edificio Urbis. También se remodelará el Múltiples I para optimizar los espacios ante el aumento de las competencias
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ultima un plan de reorganización de sedes administrativas con el objetivo de concentrar servicios públicos, reducir el gasto en alquileres y mejorar la atención presencial a la ciudadanía. El proyecto, en desarrollo desde julio de 2023, parte del análisis del patrimonio disponible y de las necesidades actuales y futuras de espacio en la administración autonómica. «Este plan de sedes no se había hecho, pero que yo considero que es muy importante», afirma la consejera.
Este plan se articula en torno a cuatro principios básicos: la concentración administrativa, la optimización del uso del espacio, la sustitución progresiva de los alquileres por inmuebles en propiedad y la garantía de accesibilidad y seguridad tanto para el personal como para la ciudadanía. «Procuramos darle un servicio al ciudadano que quiera ir presencialmente a cualquier trámite administrativo, que pueda tener la mayor concentración posible, explica Asián.
34,2 millones de euros ha costado la compra del edificio Mapfre (21) y el Urbis (13,2).
Según señala, la idea ha germinado en torno a cuatro principios. Una de las líneas clave del plan es sustituir inmuebles alquilados por edificios en propiedad, cuando sea viable desde el punto de vista económico. La reciente compra del edificio Mapfre en Santa Cruz de Tenerife, que costó unos 21 millones de euros, y del edificio Urbis en 2023 en Las Palmas de Gran Canaria son dos ejemplos concretos de esta estrategia, señala. «Preferimos comprar y traer otros servicios que están en alquiler en otra parte», explicó la consejera sobre la adquisición del edificio Mapfre, adquisición que «cumple» todos los principios del nuevo plan.
Unir en un mismo espacio distintos servicios a la ciudadanía es uno de los principios del plan
En el caso del edificio Urbis, «había un contrato de alquiler con opción a compra y nos pareció más adecuado optar por la opción de compra», explicó.
El edificio, de seis plantas y 156 plazas de aparcamiento, se adquirió por 13,2 millones de euros pues si la opción de compra se llevaba a cabo en los cinco primeros años de duración del contrato de arrendamiento, se descontaría de la misma el 30% de la renta neta abonada hasta la fecha, informó en su momento el Ejecutivo.
El objetivo es evitar el gasto recurrente en alquileres, especialmente en zonas donde la Administración ya tiene una fuerte implantación y puede concentrar más servicios. «El alquiler es una fórmula a corto plazo. Pero si queremos tener una planificación adecuada, como hace cualquier familia o empresa, tenemos que elaborar un plan y sustituir, en la medida de lo posible, los alquileres por adquisición de edificios», dijo la consejera, aunque aún no tiene estimaciones de cuánto se podrá ahorrar.
Otra prioridad del plan es organizar los servicios públicos en áreas administrativas compactas, especialmente en las capitales de provincia. En Santa Cruz de Tenerife, la zona administrativa se refuerza con la adquisición del edificio Mapfre, cercano al edificio múltiple y a la sede de la Presidencia. En la capital grancanaria la zona administrativa ya está más consolidada y se ampliará con la remodelación del edificio Múltiples I.
«Los vamos a remodelar con la finalidad de buscar esos espacios nuevos, garantizando siempre la accesibilidad y protección de la seguridad del administrado y también del trabajador», explicó Asián. Además, prevé que la Consejería de Economía se traslade al Urbis.
El crecimiento de la estructura administrativa, impulsado por la asunción de nuevas competencias como la gestión de Costas o la aprobación de nuevas RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo), aumenta la presión sobre el espacio disponible, explica la consejera.
Nuevas competencias
«La Comunidad Autónoma ha asumido nuevas competencias, por ejemplo, en Costas... y todas las RPT que se están aprobando suponen un incremento de personal», advierte. Además, se trata de planificar «con visión de futuro, más allá de soluciones provisionales».
Una de las operaciones previstas, la habilitación del edificio Royal, a donde se trasladará la Agencia Tributaria Canaria (ATC) ha sufrido retrasos por problemas con una empresa adjudicataria anterior. No obstante, la consejera asegura que el contrato fue rescindido y que una nueva empresa continúa la obra sin afectar los plazos del plan general.
«La empresa a la que se adjudicó en 2022 no finalizó la obra y exigía una cantidad superior a la prevista. Se rescindió el contrato y ahora hay otra completamente distinta, adjudicada mediante concurso», aclaró Asián.
El Ejecutivo regional busca modernizar su estructura patrimonial, optimizar recursos públicos y prestar un servicio más eficaz al ciudadano. Un «gran» reto, reconoce la consejera, pero necesario: «Yo creo que es evidente que hace falta un plan».
En las islas no capitalinas
El plan de sedes también contempla actuaciones en las islas no capitalinas, aunque la disponibilidad de locales adecuados es un obstáculo importante. En Lanzarote, la Agencia Tributaria Canaria ya trabaja en la rehabilitación de su actual sede. En Fuerteventura, sin embargo, no se han encontrado locales que cumplan con los requisitos técnicos.
«Se ha tratado de buscar local por todos los medios, pero es que no hay disponibilidad de locales con las características que se precisan», lamentó la consejera.
