Rosa Dávila: «La previsión es que se creen 20.000 empleos en 2019»

— A pesar de esa cifra, habrá que ver después el nivel de ejecución y la gestión, que es una de las críticas que hace incluso el PP, socios a la hora de aprobar las cuentas.

— La ejecución hay que esperar a final de año para verla. Y en el caso de la Comunidad autónoma, es de las más altas, pero no sólo en gasto corriente o en Educación y Sanidad, donde el capítulo I adquiere un potencial muy grande, sino en la ejecución de los capítulos VI y VII. Ninguna corporación local llega al nivel de la Comunidad Autónoma en 2016 y 2017. Lo que pasa es que cuando se habla de ejecución se hace muchas veces desde el desconocimiento, porque hay que tener en cuenta que si no había recursos disponibles, los procesos de licitación de obra van más lentos y las primeras certificaciones de obra también se dilatan. También la ley de contratos del sector público supuso un cierto parón en el segundo trimestre. En carreteras, que se está hablando de una ejecución del 7%, lo que hemos hecho es adelantarnos en todos los procedimientos para cuando se firme el convenio, adjudicarlo inmediatamente y empezar a certificar. En cuanto a la gestión, en áreas sensibles como dependencia o PCI habría que valorar la gestión de la consejera Cristina Valido, porque es difícil recuperar en un sólo presupuesto los retrasos de los últimos diez años. Y hay que tener en cuenta también que hay menos recursos humanos. Por eso, este presupuesto contempla el refuerzo del personal.

— ¿Y se recupera el personal que se perdió?

— Más que en recuperar, ahora que salen las ofertas públicas de empleo en Sanidad, Educación y administración general, hay que pensar en una reorganización del propio Gobierno: ver dónde están los cuellos de botella y dónde ha crecido el peso de la gestión frente a otras áreas que a lo mejor no requieren tantos recursos. Hay que volver a repensar la estructura, porque quizá se demandan más recursos en áreas que no existían, como modernización administrativa o transparencia, y poner a los empleados públicos donde se necesitan. Además de que le estamos pidiendo a los mismos o menos empleados públicos el doble de trabajo.

— Respecto a los empleados públicos, se condiciona la jornada de 35 horas del personal de Sanidad a que Canarias pueda utilizar su superávit. En un presupuesto de 9.000 millones parece difícil pensar que no hay 50 millones para garantizar esta medida.

— No es solo una cuestión de dinero, sino de la propia autoorganización. Nosotros pensamos que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo y que el superávit de la comunidades pueda incorporar al presupuesto. Son decisiones que está tomando el Gobierno central que afectan a las autonomías, porque tenemos que sufragar servicios sin haber tocado el sistema de financiación. Es verdad que estas decisiones se tomarán en la Conferencia de Presidentes, y tenemos que estar preparados para abordarlos y no de forma desigual en el conjunto de las comunidades. Sanidad es un servicio público transferido y debe venir financiado por el Estado y deberíamos tener igualdad de condiciones para aplicarlo. Lo que queremos es usar el superávit porque hemos hecho la tarea. Otras comunidades soslayaron la obligación de las 37 horas y nunca dejaron de aplicar las 35 a pesar de su deuda y su déficit.

— ¿Confía entonces en que se pueda sacar adelante el superávit? ¿Qué capacidad de presión tiene Canarias?

— Si hay capacidad de sacarlo es ahora. Somos un Gobierno con capacidad de diálogo, de sentarnos y de explicar lo que nos corresponde. Gracias a eso, y a que somos unos optimistas, hemos sacado adelante el Estatuto o el REF. Hemos sido tenaces, hemos hecho nuestro trabajo y además era de justicia. Somos la comunidad más saneada en cuanto a deuda, tenemos superávit y es de justicia que los ahorros de los canarios se queden en Canarias. Es de justicia que se aplique el superávit para todas las administraciones porque en España hay miles de millones parados en los bancos. En Canaria, entre el Gobierno y las corporaciones locales tenemos un superávit de 1.400 millones en un año. Ese dinero debe ir a las personas.

— Alerta usted de la ralentización de la economía. ¿Que previsión de crecimiento tiene?

— Hemos hecho un presupuesto muy prudente, porque aunque se sigue creciendo en hipotecas, ahorro o recaudación por el consumo interno entre otros aspectos, en el horizonte vemos algunos nubarrones que debemos tener en cuenta. El crecimiento que prevemos es del 1,9% aunque algunos analistas lo sitúan entre el 2% y el 2,2%. Nosotros estamos teniendo en cuenta la revisión a la baja del Ministerio de Economía, la incertidumbre del brexit o el crecimiento del precio del barril de petróleo. Lo que sí es cierto es que será difícil mantener el crecimiento del 3% que veníamos experimentando y nuestra confianza es seguir creando empleo.

— Con esa estimación de crecimiento, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden crear en 2019?

— Probablemente en empleo superemos las previsiones que tenemos, que son 20.000 puestos de trabajo para 2019. Ya hemos superado la barrera psicológica del 20% de paro -cuando llegamos era del 34%- y además la brecha de desempleo entre Canarias y el resto del Estado se ha cerrado respecto a ejercicios anteriores y estamos a cuatro puntos, cuando en años anteriores era de diez. Necesitamos seguir creando empleo estable y de calidad y por eso metimos medidas específicas en el REF que permita aliviar a las pymes o los autonómos. Nuestra previsión de tasa de paro es cauta y ya se ha quedado vieja, porque en julio teníamos la idea de que el próximo año fuera el 20,1% y ya hemos bajado del 20%. Crece mucho la inversión pública -1.077 millones a los que se deben sumar los 429 millones del presupuesto del Estado de 2018-, lo que significa que se pueden superar los 2.000 millones sólo por la Comunidad Autónoma. Eso es empleo, y ligado a la inversion pública es recuperar un sector que durante la crisis se vio muy tocado.

— Los empresarios han pedido que, si se consigue usar el superávit, una parte se destine a obra pública y no vaya todo a servicios sociales.

— Es perfectamente viable porque cuando se habla de obra pública también se habla de inversiones y equipamiento en infraestructuras educativas, hospitalarias, etc.

— Han accedido ustedes a una rebaja del IGIC para desbloquear la negociación con el PP, pero la verdad es que un 0,5% es bastante limitada.

— Cuando hablamos de sentarnos a negociar, todos venimos con nuestras expectativas y previsiones, pero después se sacan los datos de crecimiento, transferencias, etc. y es ahí donde hay que remangarse. Cuando nos metemos en harina y se trasladan las previsiones a recortes y a dónde metemos la tijera, vamos a un escenario posible. No podía haber una rebaja de impuestos que supusiera recortar en sanidad, educación o servicios sociales. Eso no lo quiere nadie. Había una petición de rebaja y CC no quería abordarla hasta saber qué pasaba con el superávit. Se ha recogido la rebaja en una parte. Creo que todas las partes han sido muy razonables.