Las placas fotovoltaicas cubrirán las azoteas de edificios públicos

04/11/2019

Los presupuestos de 2020 recogen acciones de adaptación al cambio climático más allá de la nueva consejería creada. Hacienda se plantea invertir en «bonos verdes, sociales y sostenibles»

El presidente Ángel Víctor Torres ha llevado al proyecto de presupuestos para 2020 las políticas relacionadas con la crisis climática al ser ésta su segunda prioridad, junto a la denominada agenda social. Las acciones en esta materia no solo aparecen en la recién creada Consejería de Transición Ecológica, sino en varios departamentos más.

Así ocurre con el compromiso que figura en la Memoria de la Consejería de Hacienda de empezar a cubrir con placas fotovoltaicas las azoteas de los edificios del Gobierno. Se añade la convocatoria de un concurso para adquirir 40 vehículos eléctricos que se incorporarán al parque móvil. Para ambas actuaciones se disponen de 1,7 millones.

En el Informe Económico del presupuesto se recoge igualmente la intención de financiar de forma «parcial» el endeudamiento a través de «bonos verdes, sociales y sostenibles» en el marco de la «agenda de desarrollo sostenible que viene apoyada por iniciativas tan importantes como el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea».

Hacia la vertiente del desarrollo sostenible se compromete también la Consejería de Administraciones Públicas al «orientar su actividad hacia objetivos prioritarios» entre los que menciona la «igualdad entre los géneros» y «promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas».

En Obras Públicas, se alude al apoyo presupuestario de un modelo de movilidad que prima el «transporte público colectivo eficaz y eficiente», y en la de Educación, al nuevo plan aulas y entornos educativos seguros, accesibles, saludables y sostenibles (ASASS).

En cuanto a la Consejería de Transición Ecológica estrictamente dicha, se expone que la declaración de emergencia climática adoptada por el Consejo de Gobierno se traslada al proyecto de ley de presupuestos.

Así, mientras Obras Públicas baja de forma importante en el capítulo de inversiones, la de Transición Ecológica coge el relevo experimentando el «mayor incremento en términos absolutos», con los 65,5 millones frente a los 50,3 millones del ejercicio de 2019.

Se reseñan las partidas destinadas a actuaciones en materia desarrollo sostenible y cambio climático así como las de mejora de la calidad del agua, con crecimientos de 4,8 y 3,1 millones respectivamente.

Entre los objetivos, aparece una evaluación de la huella de carbono que genera Canarias -275.000 euros-, así como la de «todos y cada uno de los inmuebles, bienes, procedimientos» del Gobierno. Para esta consejería, «el pacto de los alcaldes se ha convertido en una herramienta fundamental» para lo cual se destinan 500.000 euros.