Fomento da marcha atrás en el nuevo convenio de carreteras
El nuevo convenio de carreteras sigue en el aire. La propuesta que el Ministerio de Fomento puso sobre la mesa ayer «no se ajusta» a lo previamente pactado con el Gobierno de Canarias, cuyo consejero de Obras Públicas la rechazó. Ambas partes se han emplazado a mantener una nueva reunión la semana que viene.
Loreto Gutiérrez y Madrid
Martes, 21 de noviembre 2017, 08:52
El Gobierno canario esperaba que Fomento pusiera ayer fecha a la firma del nuevo convenio de Carreteras, pero la reunión técnica en la que se pretendía cerrar el acuerdo acabó con las posiciones más alejadas de lo que estaban antes de empezar. La consejería de Obras Públicas del Ejecutivo autónomo considera que el documento que el ministerio puso sobre la mesa no se corresponde a lo que estaba ya pactado y se negó a darlo por válido.
Las diferencias entre lo acordado y lo que recoge la propuesta de Fomento afectan tanto al listado de obras a ejecutar, como al montante total de la inversión y al plazo de vigencia del convenio, según explican desde el departamento que dirige Pablo Rodríguez. En un intento de reconducir la negociación para que pueda haber acuerdo antes de que acabe el año -el convenio vigente culmina el 31 de diciembre-, ambas partes se han emplazado a mantener una nueva reunión el próximo lunes. Pese al paso atrás del Ministerio, el mensaje de la consejería de Obras Públicas es de «confianza en la buena voluntad» del Ejecutivo estatal para cumplir con Canarias.
Sobre el papel, a falta de algunos flecos el acuerdo estaba «prácticamente cerrado» desde el mes de julio a partir de tres líneas básicas: la obra nueva pactada con los cabildos de cada isla, los proyectos ya en ejecución que deben tener cobertura en el nuevo convenio y la deuda generada por los recortes. En total, 2.500 millones de euros de inversión para obra nueva y otros 700 millones de euros para subsanar la insuficiencia de recursos entre los años 2012 y 2016, en los que las partidas consignadas en las cuentas estatales fueron muy inferiores a las pactadas.
En cuanto a la vigencia, la ley de régimen jurídico limita los convenios entre administraciones a un periodo máximo de ocho años -cuatro ejercicios prorrogables por otros cuatro-, pero el Gobierno canario ve factible acogerse a las excepciones que establece la propia norma y pretende que el nuevo convenio pueda prorrogarse hasta los doce años.
