Fomento asumirá toda la deuda si hay Gobierno

03/09/2019

El ministro Ábalos se comprometió ayer a incorporar a las anualidades del vigente convenio de carreteras los 400 millones de euros que hasta ahora el Estado no reconocía como deuda, pero el compromiso no se podrá plasmar mientras el Ejecutivo esté en funciones. La comisión de seguimiento se reunirá dentro de quince días

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostró ayer dispuesto a negociar el abono a Canarias de los 400 millones de euros pendientes del anterior convenio de carreteras que hasta ahora el Estado no reconocía como deuda -pese a estar avalada por sentencia del Tribunal Supremo-, mediante su incorporación a las anualidades del nuevo convenio firmado en diciembre de 2018.

La declaración de buena voluntad choca sin embargo con las limitaciones del Ejecutivo estatal, que al estar en funciones carece de capacidad para modificar el acuerdo vigente, por lo que el abono a las islas de los 400 millones -algo más de 300 por los incumplimientos de la etapa de Rajoy más los intereses de demora-, queda en último término condicionado a que haya nuevo Gobierno. En el caso contario, si Pedro Sánchez no logra ser investido antes del 23 de septiembre, todo quedaría en el aire en función de quién logre formar Gobierno tras la nuevas elecciones.

«Le hemos trasladado a Fomento que Canarias reclama hasta el último euro y el ministro se ha abierto al diálogo», señaló el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, tras el encuentro que mantuvo ayer con Ábalos, en el que estuvo acompañado del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, «y si el Gobierno estatal no estuviera en funciones ya estaríamos hablando de nuevas anualidades para que ningún euro deje de llegar a Canarias», añadió.

La expresa voluntad de acuerdo a expensas de que se pueda formar nuevo Gobierno en las próximas semanas no implica en ningún caso, según aclaró Torres, que el Ejecutivo canario vaya a frenar la demanda de ejecución de sentencia que el anterior Gobierno de Clavijo presentó ante la Audiencia Nacional. «Ese procedimiento está activo», señaló el presidente canario, «y en tanto en cuanto no tengamos el acuerdo seguiremos manteniendo la vía judicial por los incumplimientos del PP, lo que vamos a hacer ahora es negociar y cuando esté el acuerdo dejará de tener sentido», añadió. Si entretanto hay sentencia «se ejecutará y será lo que el juez diga», ratificó.

Los otros 500 millones de euros reconocidos como deuda de carreteras por el Tribunal Supremo no están en cuestión, dado que el Gobierno estatal los asumió desde el principio. En el caso de esta cantidad el problema estriba en que Hacienda los computa como superávit, lo que limita su uso a la amortización de deuda o a inversiones financieramente sostenibles.

Lo que busca el Ejecutivo canario es una fórmula que permita su traspaso a las arcas autonómicas para destinarlos a gasto social, pero esta cuestión no estuvo ayer sobre la mesa en la reunión con Fomento porque compete al Ministerio de Hacienda. «Esos 500 millones vendrán a Canarias sí o sí», aseguró Torres, «lo que ya estamos negociando es que se pueda hacer mediante un convenio finalista en varios años para que no vaya a deuda», añadió.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas anunció la convocatoria inmediata para dentro de quince días de la comisión bilateral Estado-Canarias de seguimiento del convenio de carreteras, para analizar las certificaciones que se han ido presentado ante Fomento, al objeto de que traslade los fondos a la Comunidad Autónoma, además de empezar a valorar cómo se podría redefinir el convenio vigente para encajar los 400 millones cuando haya nuevo Gobierno.

«Estamos muy satisfechos de las sensaciones que nos ha trasladado el ministro», expuso Franquis, «que van en línea con lo que hemos venido diciendo: máxima exigencia con los intereses de Canarias y búsqueda de acuerdo con el Gobierno de España». El titular de Obras Públicas cree que la reunión de ayer con Fomento abre un escenario de acuerdo muy positivo para las islas, aunque insistió en que solo se podrá hacer efectivo cuando haya un Ejecutivo estatal con plenas facultades.

«Confiamos es tener un Gobierno cuento antes, porque solo así estaremos en condiciones de negociar con claridad», expuso, «porque hasta ahora se ha hecho mucha política con las carreteras y es el momento de que hablemos de soluciones», añadió. Con la experiencia previa de la considerable dilación del convenio de 2006, Franquis se mostró convencido de que se podrán evitar aplazamientos innecesarios para que el convenio vigente pueda ejecutarse en los plazos inicialmente previstos.

La comisión de seguimiento analizará la situación actual de carreteras, tanto en lo que respecta al anterior convenio como al vigente. Según expuso el presidente Torres, de los 101 millones de euros del año 2017 que se trasladaron mediante adenda a 2018 solo se han ejecutado 41 millones, mientras que las anualidades correspondientes ya al nuevo acuerdo de los años 2018 y 2019 -60 millones por anualidad- no se ha ejecutado nada, lo que obliga a redefinir las cantidades del convenio actual.