El pacto de Torres sube el coste inicial hasta los 18.522 millones
El Gobierno incorpora en la segunda versión las aportaciones de las corporaciones locales para reactivar la economía de Canarias y coincide así con la cifra que puso Nueva Canarias. Se plantea que haya un plan plurianual que dure hasta 2023
Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 27 de mayo 2020, 11:15
De los 14.249 millones de euros hasta los 18.522 millones. Es lo que ha crecido el coste del Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias entre su primera y segunda versión, ambas enviadas por el Gobierno autonómico a los grupos parlamentarios, tercer sector y las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias.
La última cifra fue aportada por Nueva Canarias (NC) -su presidente es también el consejero de Hacienda del Gobierno- al corregir el primer documento de negociación. Lo hizo, según explicó en su día este partido, al incorporar las aportaciones de cabildos y ayuntamientos, algo que no se produjo inicialmente. Así, 1.960 millones corren a cargo de los cabildos, 2.273 millones son los ayuntamientos, 7.207 millones el esfuerzo que corresponde al Gobierno autonómico y 3.163 millones, al del Estado. El resto, hasta 3.919 millones figuran asignados a «fondos privados».
En consecuencia, las partidas que en el primer borrador del pacto adjudicadas al Gobierno autonómico y al central disminuyen en 1.500 y 2.374 millones de euros, respectivamente en la última versión del pacto que ha sido reelaborada.
En la carta que acompaña al documento -sin firmar y con el único membrete del Gobierno de Canarias- se pide a los que fueron llamados a suscribir el pacto a que envíen sus últimas observaciones antes del jueves 28, «con el objeto de poder contar con el documento finalizado y proceder a su firma en el Parlamento de Canarias el próximo sábado 30 de mayo».
De momento, siguen sin figurar la planificación de medidas que propuso Coalición Canaria, la bajada generalizada de impuestos planteada por el Partido Popular y, sobre todo, la garantía del marco financiero que los conservadores junto con Ciudadanos exigen para secundarlo.
En cambio, sí se marca el carácter «plurianual» que tendrá el plan derivado de este pacto, cuya duración se plantea hasta el año 2023.
Aunque se vuelve a incorporar un cuadro económico, se reitera que el pacto «enmarca los principales compromisos y las líneas generales de consenso, pero será el plan en donde se definan las actuaciones concretas, así como su marco presupuestario»; se borró el compromiso de que el coste de cada una de las medidas irán cuantificadas.
