El Estado discute la deuda que Hacienda condonó a la estiba

26/04/2019

Los Presupuestos de 2019 está bajo la lupa del Gobierno central tras no convencerle las razones que recibió en la comisión bilateral. Se crea un grupo de trabajo para abordar las diferencias

La Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias se suele reunir para aclarar dudas o alcanzar acuerdos. La que se refleja en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicado ayer acabó poniendo bajo la lupa la Ley de Presupuestos autonómicos de 2019. Algunos preceptos, entre los que se encuentra el relativo a la deuda de 13 millones condonada a los estibadores, generan «discrepancias».

El perdón que aprobó la mayoría parlamentaria de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y el grupo Mixto, viene recogido en la disposición transitoria décima. Los grupos de la oposición -Partido Socialista Canario (PSC), Podemos y Nueva Canarias (NC) se hicieron eco del encontronazo habido entre la Agencia Tributaria Canaria y la consejera de Hacienda.

Por un lado, los funcionarios habían detectado en una inspección fiscal que el sector acumulaba una deuda cifrada en 13 millones entre los años 2013 y 2016, a raíz de una diferencia de interpretación de la norma que regula la recaudación del IGIC en el tráfico internacional. Sin embargo, cuando procedieron a exigir el pago, la máxima responsable de la consejería, Rosa Dávila, defendió su condonación en el Parlamento, al ser la «única vía -aseguró- para que las empresas entren en situación de quiebra insalvable», y añadió a «800 familias» que sufrirían embargos en sus nóminas.

Ahora, es el Gobierno del Estado el que discute lo aprobado y que se extiende a otra disposición, la cuadragésima segunda, relativa a las sociedades anónimas de estibadores portuarios (Sagep).

Trabajo

El acuerdo que adoptó la comisión bilateral es «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas» creando un «grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda».

Dicho grupo también tendrá que abordar otros doce preceptos y subapartados sobre los cuales, el Gobierno del Estado ha manifestado su desacuerdo.

En concreto, algunos de ellos tienen que ver con las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (párrafos octavo y noveno del artículo 38.1, o las del personal docente no universitario reguladas en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 41.

Igualmente, queda en discusión la regulación que hace una de las disposiciones adicionales sobre la promoción interna del personal funcionario de carrera, la modificación de la Ley de la Función Pública -disposición final primera-, así como la de la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria.