Clavijo reclama a Sánchez una cita urgente para el superávit

10/04/2019

El presidente del Gobierno se arropa en el Consejo Asesor con el fin de fortalecer su posición frente al Ejecutivo del Estado. Empresarios y sindicatos hacen causa común pero piden agotar todos los intentos políticos para recuperar 647 millones e invertirlos en servicios públicos, en vez de rebajar más la deuda

Las principales organizaciones empresariales y sindicales de Canarias pertenecientes al Consejo Asesor del presidente avalaron ayer la protesta manifestada por el jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, después de que el Ministerio de Hacienda aumentara el superávit -cuando los ingresos superan a los gastos- con partidas que, según el Gobierno autonómico, no corresponden. Ello supone limitar la disponibilidad del gasto en 2019 en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la consiguiente aplicación de la regla de gasto.

En esta ocasión, Clavijo no solo logró ser arropado por el consejo sino hacerle partícipe de la reunión urgente que demandará a su homólogo en el Ejecutivo central, Pedro Sánchez para reclamarle esta cuestión. Por eso, puntualizó que «ya no es el presidente, sino la ciudadanía de Canarias representada por empresarios y sindicatos».

En ello hizo hincapié el secretario general de UGT, Gustavo Santana, cuando explicó que «lo principal es agotar la vía política, intentar aclarar la interpretación del ministerio y que en uno de los dos consejos de ministros que faltan, ver si se pueden ajustar los recursos de carreteras -de los 945 millones de superávit, 300 proceden de la deuda estatal en infraestructura viaria-. Si esa vía no tiene alcance, tendrá que proceder el Gobierno de Canarias en el futuro a articular el conflicto jurídico pertinente, en el caso de que se produzcan actos administrativos que lesionen los intereses de las islas», añadió.

«No queremos enfrentamientos ni litigios», señaló el presidente a pesar de que, dijo, encargará a los Servicios Jurídicos la elaboración de un «documento que exponga el problema pero también dar una solución». Ésta pasa, afirmó, por «destinar el superávit -los 300 millones que calcula su Ejecutivo- a los servicios públicos». Los añadidos por el Ministerio de Hacienda - 500 millones más otros 146 millones- «no es superávit y por lo tanto, tiene que estar fuera de la regla de gasto para que el Gobierno de Canarias lo dedique a lo que estime oportuno», señaló.

El presidente de la patronal de la provincia tinerfeña, José Carlos Francisco, hizo público su respaldo a la reclamación del Gobierno autonómico al tratarse de un «asunto de todos». Su homólogo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara asistió al Consejo Asesor pero no compareció.

El secretario general de CCOO, Inocencio González, amplió el problema a las partidas que el Gobierno central no ha abonado a Canarias. «Hay varios incumplimientos importantes -enunció-: los 18 millones para combatir la pobreza y las dificultades al materializar algunas partidas con los Presupuestos del Estado prorrogados». Confió en que en esa reunión con Sánchez se desbloqueen esas partidas en los dos consejos de ministros».

Sin embargo, el presidente del Ejecutivo indicó que el Consejo Asesor «centró el tiro en el superávit, que es lo más urgente» y puntualizó que el acuerdo alcanzado «no puede ser entendido como el interés de influir en las elecciones».

En este sentido, los dirigentes sindicales coincidieron en que «no es bueno para Canarias que se le limite el superávit a financiar deuda», sostuvo González a pesar de que así se establece en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ninguno de los dos grandes partidos en el Estado han modificado.

«Si al final se computa como superávit el montante total que ha dicho el ministerio -947 millones-, esto tendrá unas consecuencias en Canarias en cuanto a la ejecución del gasto que no nos podemos permitir», advirtió Santana.

Clavijo ahondó en que es «absurdo devolvérselo a los bancos con las necesidades que hay en Canarias».