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La Consejería de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda dispone en este momento de suelo para algo más de 1.200 viviendas, la mayoría con proyecto redactado o con la redacción adjudicada y, por tanto, se están construyendo o se licitarán este año.
En cualquier caso, se trata de una cifra «insuficiente» para la demanda existente, indicó en comisión parlamentaria el titular de este área, Pablo Rodríguez.
En respuesta a una pregunta de la diputada del PP Jennifer Curbelo, el consejero recordó que el decreto ley de medidas urgentes de vivienda incide en la agilización del procedimiento para la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos para vivienda pública protegida.
Hasta ahora podían pasar entre nueve y 14 meses de tramitación hasta que el Instituto de la Vivienda (Icavi) puede encargar el proyecto. Con la nueva norma, desde que se toma acuerdo en el pleno municipal, se puede avanzar.
Reconoció que después de muchas reuniones con alcaldes, que le han trasladado su intención de poner a disposición de la comunidad autónoma más suelo, lo cierto es que no termina de prosperar. De ahí, su «ruego» a los ayuntamientos para que den prioridad a este asunto.
Asimismo, y tras una pregunta del diputado socialista Rafael Nogales sobre los beneficiarios de la propiedad de viviendas protegidas, el consejero señaló que en el primer ofrecimiento del Icavi había 1.486 viviendas y se acogieron 518; en el segundo, aún en vigor, no se ha llegado ni al 24% de solicitudes; y en el tercero, que finaliza en septiembre, hay 41 solicitudes de 438 disponibles.
En cuanto a las de Visocan, indicó que hay 721 viviendas protegidas de promoción privada ofrecidas y han sido aceptadas 130 ofertas de compra.
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