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El Gobierno de Canarias «no ha analizado» la situación generada tras la ruptura de relaciones de Argelia con España ni las consecuencias que este nuevo escenario de tensión pueda tener para el archipiélago. El viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, indicó ayer después del Consejo de Gobierno que este asunto no había sido objeto de análisis en esta reunión «porque compete a los estados».
En cualquier caso, señaló que se produce en una «etapa de incertidumbre global» y ante situaciones tan «complejas» es preciso actuar con «rigor». Para eso, apuntó, «se debe hablar con los sectores sociales y económicos y en función de los datos que se obtengan, y sabiendo las consecuencias que puede tener la situación, actuar». De momento, dijo, el Gobierno de Canarias no tiene un análisis con detalle «ni como se pueden materializar las consecuencias».
Tampoco conoce el Ejecutivo si hay empresas del archipiélago que se hayan visto afectadas por la decisión de Argel de romper el tratado de amistad y comercial con España, después de que el presidente, Pedro Sánchez, insistiera en el Congreso en la validez de la propuesta marroquí para dar una salida a la situación del Sáhara.
Más contundentes se han manifestaron los dirigentes de las formaciones nacionalistas del archipiélago Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), ésta última miembro del Ejecutivo regional, que coincidieron en calificar la actuación de España y de su ministro de Exteriores de «torpe» y poco inteligente en las relaciones con Argelia.
Entienden además que tanto la tensión entre el Gobierno central con este país, como entre Argel y Rabat puede generar una situación de inestabilidad en la frontera con Canarias y, por lo tanto, indirectamente, este nuevo escenario también afecta a la comunidad autónoma.
Al respecto, el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento regional, José Miguel Barragán, subrayó que la política exterior de España está siendo «muy torpe y ha minusvalorado la postura argelina», además de que «sigue metiendo la pata», tras conocerse ayer que el Gobierno español estudia denunciar a Argelia ante la Unión Europea por la congelación unilateral de los intercambios comerciales.
Coincide Barragán con el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, en señalar que esta situación «crea inestabilidad» no solo por la tensión entre Marruecos y Argelia, sino porque el papel de mediador que España está llamado a hacer en la zona «ha saltado por los aires».
Rechazan ambos dirigentes nacionalistas que la diplomacia española en vez de trabajar para recuperar la posición «eleve el conflicto y rompa los puentes».
«Cualquier inestabilidad en nuestras fronteras nos afecta y esta tensión es un problema», indica Campos, quien se pregunta además por qué España mantiene una doble vara de medir «y nunca ha denunciado a Marruecos por sus incumplimientos en muchos escenarios, desde la pesca a la inmigración».
Se trata de un doble rasero que, en su opinión, es «es poco inteligente, difícilmente explicable y tiene el objetivo de contentar a alguien poco fiable», dice en relación al Gobierno de Rabat.
Además, tanto Campos como Barragán destacan que la reacción de Argel era «absolutamente previsible», después de hacer hincapié en que la declaración del presidente Pedro Sánchez no es verdad: «la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara no es seria ni creíble, es una burla y el Frente Polisario no va a aceptar», dice el dirigente de NC.
Ambos diputados nacionalistas insisten en que el pueblo saharaui es el principal afectados y precisa que se resuelva la situación según la legalidad internacional, pero insisten en que esta situación también afecta a las islas.
Concluyen ambos que quizá la respuesta de la actuación de España «esté en Pegasus -el sistema de espionaje- y en saber qué obtuvieron».
La designación de un nuevo secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en sustitución del palmero Héctor Izquierdo, podría facilitar la resolución de los asuntos pendientes respecto al Régimen Económico y Fiscal (REF).
Así lo indicó ayer el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, porque «lo conoce muy bien y será sensible» con este asunto. Apuntó además que el REF siempre requiere «negociación, estar atento y ser combativo, da igual quien esté en Madrid, no nos podemos relajar».
En cualquier caso, indicó que algunas de las cuestiones pendientes, como la excepción del impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades «es muy difícil de conseguir, pero se peleará».
Además, tras la reunión del Consejo de Gobierno, Olivera se refirió además a la aprobación el pasado miércoles por parte del Parlamento Europeo de una enmienda por la que las regiones ultraperiféricas (RUP) queden exentas hasta 2030 del régimen de comercio de los derechos de emisión de CO2 que se aplicará al transporte aéreo.
Aunque esta decisión no es definitiva porque aún queda un largo proceso, «es relevante», dijo, y entiende que se debe seguir trabajando para que las ultraperiféricas tengan un «acomodo adecuado a sus circunstancias».
Por otro lado, el Gobierno aprobó ayer un incremento de 600.000 euros adicionales en la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ya perciben casi 11.000 familias, que se suman a las 22.000 que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
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