El Gobierno regula la condición de expresidentes, pero no si cobrarán

El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres lo hace a medias en la norma de Presidencia y del Gobierno de Canarias.

El proyecto de ley, que ya se encuentra en el Parlamento para su tramitación, contempla un Estatuto de expresidentes en sus niveles más básicos, y deja su desarrollo a una normativa específica posterior «más flexible que una ley», indican fuentes del Gobierno .

Sí se determina que las personas que hayan sido titulares de la Presidencia de Canarias gozarán tras su cese del tratamiento de presidente o presidenta con carácter vitalicio, así como de un lugar protocolario en los actos oficiales de la comunidad autónoma.

Igualmente, contarán con el apoyo de los servicios del Gobierno en sus desplazamientos por las islas, así como con la asistencia de las delegaciones en el exterior en sus desplazamientos fuera del archipiélago. Tendrán derecho asimismo «a la utilización de los medios personales y materiales que se determinen».

Sin embargo, y aunque no se cierra esa puerta, nada se dice del derecho a una pensión. Reconoce el Gobierno que es un asunto «complicado» y que se presta a la «demagogia».

En este sentido, se apunta que «siempre surge la crítica fácil de que el presidente que lo apruebe es que está preparando su futuro, y por eso nadie quiere ser quien lo haga».

Esta fuente considera que una fórmula sería «que lo propusiera el Parlamento de manera unánime», aunque reconoce que no es fácil. Recuerda que en el Estado, los expresidentes cobran como miembros del Consejo de Estado, es decir, por realizar una función. «Quizá aquí habría que plantear algo así».

El Gobierno espera que esta ley se aprueba antes de que acabe el mandato porque «cuenta con la ventaja de que es un texto que ya ha sido trabajado», aunque ahora incorpora las novedades y exigencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.

Aún así, insisten en que sus grandes líneas son conocidas por todas las formaciones políticas, por lo que confían en un importante consenso para que en la nueva legislatura ya se disponga de esta nueva norma.

Por otro lado, desde el Ejecutivo se rechaza que estos cambios supongan un incremento del gasto porque basicamente «es una norma que desarrolla algunos elementos del Estatuto y normativa básica, no genera nuevo contenido, sino que ordena lo existente», puntualiza.