Imagen del Consejo de Gobierno celebrado ayer en Gran Canaria. / EFE

El Gobierno pagará indemnizaciones millonarias por la moratoria

Los propietarios de 26 parcelas que deben ser reclasificadas reclaman 650 millones y los servicios técnicos los valoran entre tres y cinco

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias se enfrenta a indemnizaciones millonarias por la limitación de los usos turísticos que recoge la segunda moratoria, aprobada en 2009.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer 26 decretos para cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) relativas a la aplicación de la citada ley turística por el «daño causado» sobre 26 parcelas situadas en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán en Gran Canaria, Yaiza en Lanzarote y Pájara en Fuerteventura, según explicó el portavoz del Ejecutivo y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez tras la reunión del Consejo.

Indicó que ha sido un largo proceso de pleitos que llegaron a las más altas instancias -al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional- y que debe terminarse con la ejecución de las sentencias, pero aún queda por resolver la valoración del daño.

Detalló al respecto que las posiciones de los servicios técnicos de la Consejería de Transición Ecológica y de los empresarios están «muy distanciadas», aunque no se atrevió a dar las cifras que se están manejando por ambas partes.

Indemnizaciones

Quien sí las dio fue el consejero José Antonio Valbuena, que señaló que los propietarios de estas 26 parcelas reclaman al Gobierno de Canarias una indemnización por un importe de 650 millones de euros.

Sin embargo, el Ejecutivo estima la cifra a pagar se sitúan entre tres y cinco millones, ya que entiende que no se debe que tener en cuenta la propiedad y que solo se les ha perjudicado por los cinco años en que no pudieron aprovechar esos suelos, y no 50 como alegan, según indica un despacho de la agencia EFE.

Los 26 decretos aprobados ayer en cumplimiento de las sentencias -el portavoz apuntó que «quedan más» y otras fuentes confirmaron 36- incluyen que a partir de ahora son los ayuntamientos los que deben proceder a un cambio en sus respectivos planeamientos para modificar los usos previstos y reclasificarlos como suelo rústico, proceso para el que cuentan con un plazo de seis meses. De no ser así, lo hará el propio Gobierno.

Expropiación

Julio Pérez también destacó que, cuando acabe este proceso de reclasificación, algunas parcelas pueden ser expropiadas «porque le conviene al interés general», tal como prevé la ley, pero en ningún caso será por el desacuerdo en la valoración de la indemnización.

El portavoz apuntó además que el Gobierno ganó todos los pleitos que se presentaron contra la primera moratoria turística y recordó que en los presupuestos de la comunidad, el Ejecutivo intentó hacer una provisión específica para este asunto, aunque reconoció las dificultades porque se desconoce cuando se va a producir la sentencia o por qué cantidad.

Imagen de archivo del portavoz del Gobierno, Julio Pérez. / c7

45 millones por otra sentencia de un caso de los 80

El Gobierno de Canarias tendrá que pagar 45 millones de euros -la mayoría en concepto de intereses generados- por un hotel que no se permitió construir en Pasito Blanco (San Bartolomé de Tirajana) en los años 80, según señaló ayer el portavoz del Ejecutivo, JulioPérez. Este pago se realiza en cumplimiento de una sentencia judicial del Tribunal Supremo en 2014 favorable al reclamante -en una primera sentencia obtuvo un fallo desfavorable- y que se financiará con remanentes de Tesorería correspondientes al año pasado, explicó Pérez en la habitual rueda de prensa después de la celebración del Consejo de Gobierno.