El Gobierno estatal niega que el número de jóvenes extutelados haya aumentado

En su respuesta del 29 de marzo a una pregunta escrita del senador de ASG por La Gomera, Fabián Chinea, el Gobierno basa su afirmación en que dispone de «los datos necesarios» sobre la gestión de los diferentes dispositivos de acogida que hay en Canarias.

La valoración estatal sobre el número de jóvenes extutelados en las islas coincide básicamente con la del Gobierno de Canarias, que ya en su momento a través de la dirección regional de Protección a la Infancia calificó de «imprudencia temeraria» el comunicado de los obispos y aseguró que en el conjunto del archipiélago son unos 200 los jóvenes que van a quedar fuera del sistema de acogida por cumplir 18 años a lo largo de 2023.

En todo caso, con independencia de su número, el Gobierno estatal dejó claro recientemente que no tiene previsto dotar a Canarias con una partida presupuestaria para la inclusión social de los jóvenes migrantes que dejan de estar bajo la tutela de la comunidad autónoma cuando cumplen la mayoría de edad. A preguntas del líder de Más País y diputado en el Congreso, Íñigo Errejón, que planteó la necesidad de que las islas reciban financiación estatal para atender a estos jóvenes que no disponen de medios para formarse y carecen de recursos de alojamiento, El Ejecutivo indicó que al tratarse de una competencia autonómica, son las entidades públicas de protección de menores de Canarias a las que les corresponde llevar a cabo los programas de preparación de los adolescentes para cuando tengan que afrontar una vida independiente.

Según los últimos datos de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, quedan aún pendientes unas 300 pruebas de edad a menores migrantes no acompañados que han llegado a las islas. El departamento que dirige Noemí Santana recuerda que la declaración de mayoría o minoría de edad de estos chicos no es competencia de Canarias, como tampoco lo es la tramitación de permisos de residencia o de trabajo, pese a lo que se han mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno en Canarias para buscar soluciones, que han permitido, entre otros avances, reducir la cantidad de pruebas de edad pendientes, que llegaron a ser 1.400 y ahora ya son 300.

Más País también preguntó en el Congreso por el número de menores que han quedado desamparados al alcanzar la mayoría de edad en cada una de las comunidades autónomas en el último año, pero el Ejecutivo central no ha dado respuesta.