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La comunidad autónoma convocará los procesos selectivos de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes ante la falta de estructura administrativa de estos municipios.
Este es uno de los aspectos recogidos en el decreto ley de racionalización del empleo público en Canarias aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno y que tendrá que ser convalidado por el Parlamento a principios de septiembre.
La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, señala que esta posibilidad es una de las reivindicaciones de los municipios de menos de 10.000 habitantes en la reunión que mantuvieron con el Ejecutivo para abordar los objetivos del reto demográfico.
Barreto destacó que, tal como se lleva a cabo en las oposiciones unificadas de la policía local, lo que se pretende con esta propuesta es que la comunidad autónoma convoque y haga todo el proceso selectivo.
Así, detalla la consejera, «el ayuntamiento se ahorra hacer toda la parte administrativa» que en muchos casos supone un sobreesfuerzo.
Muchos de estos municipios «no cuentan con la estructura administrativa necesaria o no tienen personal suficiente para convocar unas oposiciones y todo lo que eso supone».
Este procedimiento para que la comunidad autónoma asuma estos procesos se llevaría a cabo «siempre de acuerdo con la Fecam y a petición de cada uno de los ayuntamientos que lo precise».
Puntualiza la consejera que esta convocatoria se desarrollaría para «determinados puestos que tienen que ver con la estructura general de las entidades locales.
Es decir», explica, «la comunidad autónoma asumiría el grueso administrativo -administradores generales, contratación, secretaría, intervención-, pero si necesitan un patólogo, eso lo tendrá que convocar el propio ayuntamiento».
Apunta que el límite se ha puesto en 5.000 habitantes porque los municipios de 10.000 «ya tienen una estructura administrativa que puede asumir estas convocatorias».
En cualquier caso, esta posibilidad está a la espera de que lo analice la Fecam «y quizá se pueda incluir también». En el archipiélago hay más de 20 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, casi todos en la provincia de Santa Cruz.
El decreto ley de función pública se tramitará en el Parlamento de Canarias como proyecto de ley a partir del próximo mes de septiembre con el objetivo de incluir mejoras en el texto.
Así lo ha indicado Nieves Lady Barreto, quien apunta que espera recoger las aportaciones de sindicatos, Fecam, secretarios generales técnicos y de los grupos parlamentarios «si son urgentes».
De esta manera, apunta la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, el texto tiene «mayor seguridad jurídica y saldrá mejorado». Reconoce que esto ya ocurrió con los decretos de La Palma y que ese mes que transcurre desde su aprobación hasta la convalidación parlamentaria «viene bien para corregir».
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