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El Gobierno estatal no tiene intención de promover ninguna acción para que Canarias adquiera el estatus de Plena Autonomía Interna (PAI) que le permita delimitar sus espacios marítimos a partir de las aguas archipielágicas, como demanda la Plataforma por el Mar Canario, integrada por 132 asociaciones ciudadanas.
En respuesta a una pregunta escrita del líder de Más País y diputado en el Congreso, Íñigo Errejón, cuya formación defiende la necesidad de que el archipiélago tenga un mayor control sobre sus aguas, el Ejecutivo señala que la consideración de Canarias en la Constitución Española no se contrapone con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), pese a no tener reconocimiento oficial como archipiélago de Estado.
En su iniciativa Errejón recuerda que el Tratado Internacional del Mar, suscrito por España, posibilita a los archipiélagos de Estado disponer de plena autonomía interna en sus aguas, «como sería el caso del mar canario» y pregunta al Ejecutivo si considera a efectos jurídicos a Canarias como «una isla o un archipiélago», cuestión que vincula a la adaptación de los tratados internacionales a la Constitución.
La respuesta del Gobierno reproduce la distinción que la Convemar hace en su artículo 46 entre «Estado archipielágico» –un Estado constituido íntegramente por uno o varios archipiélagos- y «archipiélago» , que se entiende por un grupo de islas y las aguas que las conectan, que forman una entidad geográfica, económica y política. A este respecto, el Ejecutivo señala que «no consta la existencia de motivos de incompatibilidad entre ninguna disposición de la Convención y la Constitución Española».
Javier Navarro, dirigente de la formación de Errejón en las islas, Más Canarias, entiende que el Gobierno de Sánchez reconoce de forma implícita en su respuesta que el estatus internacional que se aplica a Canarias es el de archipiélago de Estado, lo que en su opinión debería dar paso al mismo reconocimiento oficial también en el ámbito estatal, a efectos de delimitacíón de aguas territoriales y de competencias. «Sobre todo cuando hay competencia con Marruecos por las aguas territoriales y por hacer minería submarina alrededor de nuestras islas», recalca Navarro.
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