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Imagen de archivo del consejero Mariano Hernández Zapata (de pie) en un Consejo de Gobierno. c7
El Gobierno se carga la ley de cambio climático, proyecto estrella del Pacto de las Flores

El Gobierno se carga la ley de cambio climático, proyecto estrella del Pacto de las Flores

La norma que se modificará de manera profunda por decreto ley fue apoyada por CC en el anterior mandato y solo contó con el rechazo del PP

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de junio 2024, 13:31

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El Gobierno de Canarias prevé aprobar en un par de semanas un decreto ley que supondrá, en la práctica, dar carpetazo a uno de los proyectos estrella del Pacto de las Flores: la ley del cambio climático, de la que «poco o nada se ha podido ver» en el año y medio que lleva vigente, según el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata.

El Parlamento de Canarias dio el visto bueno a esta ley en diciembre de 2022 y contó con el respaldo de toda la Cámara -incluida Coalición Canaria (CC)- a excepción del Partido Popular (PP), que no solo votó en contra sino que pidió su derogación.

Ahora, Hernández Zapata afirma haber llegado a «un punto intermedio» con sus socios nacionalistas para proceder a esta modificación ante la situación «crítica y alarmante» que existe.

Señala Hernández Zapata que esta decisión se ha adoptado tras el acuerdo alcanzado en la comisión bilateral Canarias-Estado, que constató que al menos 11 artículos de la norma autonómica incurren en injerencia de competencias e incluso «tienen visos de inconstitucionalidad».

Agilidad

Es objetivo de esta modificación, igualmente, agilizar los proyectos de transformación energética y cambio climático y contribuir a la simplificación de todo el proceso burocrático para «generar confianza y que la transición verde sea una realidad».

El decreto ley no contempla una ficha financiera para desarrollar sus propuestas pero asegura el consejero que tendrá «menor coste que la anterior».

Cambios

Entre las principales propuestas de este cambio, que previsiblemente se aprobará el día 24 de este mes por el Consejo de Gobierno, figura la creación de zonas de aceleración de renovables, unas áreas consideradas «óptimas» pactadas con los cabildos para facilitar el desarrollo de proyectos renovables y de las que quedan excluidas superficies de la red natura 2000 o los espacios protegidos.

En paralelo, La Consejería de Transición Ecológica «aparca» el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan) cuyo objetivo fundamental es el establecimiento de acciones dirigidas a la consecución los objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el archipiélago en un horizonte temporal hasta 2030. Argumenta el consejero para esta decisión que «casi todos los cabildos estaban en contra».

El proyecto de ley contempla la creación de una nueva empresa pública que tendrá entre sus objetivos la producción eléctrica con energías renovables para uso de la comunidad autónoma y poder, de esta forma, reducir su factura energética que asciende a 36 millones anuales. Asumiría también competencias de inspección.

El decreto también «dará una vuelta de tuerca» a la energía fotovoltaica en cubiertas y espacios antropizados, ya que se elimina cualquier ordenación del planeamiento contrario a la instalación de fotovoltaicas en estos espacios.

Así, el 100% de las superficies de las cubiertas de los edificios nuevos y rehabilitados deben prever la instalación de fotovoltaicas e impulsarlas en pérgolas, aparcamientos, depósitos de agua, etc. Entre los objetivos del Gobierno está simplificar esta tramitación para el autoconsumo y pequeña escala.

Acción climática

En cuanto a las iniciativas de acción climática, la Consejería planteará los proyectos de acción climática, que tal como explica Mariano Hernández, «es legitimar las obras de interés general en materia de lucha contra el cambio climático en áreas prioritarias, con el objetivo de prepararnos para subidas de nivel del mar, olas de calor, inundaciones, etc. y que las infraestructuras críticas como desaladoras, plantas de generación eléctrica, hospitales... no necesiten cambios en el ordenamiento del territorio para poder llevar a cabo obras o acciones que los proteja».

Asimismo, en la modificación normativa prevista se exime a las pequeñas empresas de la obligatoriedad de tener un registro de la huella de carbono como hasta ahora. La medida seguirá vigente para compañías grandes, de tal manera que quede constatado su generación de CO2. Además, se propone eliminar la agencia de desarrollo y crear la comisión delegada, que no precisa de reglamento para su desarrollo, y la oficina de Acción climática.

Carácter participativo

La Consejería de Transición Ecológica trasladó al Gobierno de esta modificación que pretende llevar a cabo de la Ley de Cambio Climático, así como a los consejos insulares. En realidad fue un anuncio oficial después de más de 40 reuniones, afirma el consejero, con Fecam, Fecai, patronales, y distintas consejerías del Gobierno de Canarias.

Mariano Hernández Zapata destaca el carácter participativo que tiene la nueva ley ya que, una vez se apruebe el decreto, explica, todos los proyectos de energías renovables en el suelo que tengan más de dos megavatios deben contar con al menos un 20% de participación local, ya sean administraciones, empresas o ciudadanos a nivel individual.

Mantiene que será una norma que afectará de manera importante a la vida de la gente e hizo hincapié en que, a partir de ahora, todos los planes generales que se aprueben deben incluir de manera obligatoria un mínimo de 10 metros cuadrados de zona verde por habitante así como un árbol por cada tres habitantes.

Insistió en que un aspecto fundamental de esta ley es la reducción de la burocracia. La norma aún vigente, señala, cuenta con instrumentos como estrategia de acción climática, estrategia transición justa y justicia climática, plan canario de acción climático y plan de transición energética.

Estos cuatro proyectos se han quedado en el plan integrado de energía y clima de Canarias y el plan canario de adaptación climática y prevalecen sobre los planes de ordenación urbanística, agrega.

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