El Gobierno canario plantea una reforma de la Ley de Patrimonio para hacerla «más operativa»

El Gobierno de Canarias quiere modernizar su Ley de Patrimonio Cultural. Así lo anunció este jueves el director general de Cultura y Patrimonio, Miguel Ángel Clavijo, durante la celebración del III Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias en el Cabildo de Tenerife. La propuesta, que se presentará este viernes a diferentes administraciones del archipiélago, plantea una reforma vía decreto que busca una norma «más operativa», con mejoras en la coordinación entre instituciones y un refuerzo del régimen sancionador.

El borrador que presentará el Ejecutivo autonómico este viernes apunta a corregir deficiencias detectadas en los últimos años. «Somos ocho islas, con patrimonios distintos y una cantidad importante de administraciones implicadas», afirmó Clavijo, quien insistió en la necesidad de una herramienta legal que facilite la gestión y protección del patrimonio cultural desde todos los niveles.

Entre las principales novedades de la futura modificación, destacan el endurecimiento de las sanciones para quienes atenten contra el patrimonio y la creación de una figura intermedia entre los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los elementos recogidos en catálogos municipales. «No todo tiene que ser un BIC para estar protegido», puntualizó el responsable regional.

También se atenderán las dificultades que encuentran muchos ayuntamientos para inventariar y registrar su patrimonio, con el fin de fomentar una mayor colaboración entre Gobierno, cabildos y entidades locales. «Los municipios son la primera frontera en la defensa del patrimonio», subrayó Clavijo.

Durante el encuentro, al que asistieron representantes de los cabildos, la FECAM, GESPLAN, Policía Canaria, Uprona y áreas de Medio Ambiente, entre otros, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, agradeció la confianza del Ejecutivo por celebrar en la isla este órgano de coordinación. «La modificación de la ley es fundamental para agilizar procedimientos que dificultan la protección de nuestro patrimonio», señaló.

Clavijo también destacó el refuerzo realizado en la plantilla de inspectores, con funcionarios especializados que permitan aplicar las sanciones de forma efectiva. «Cuando llegamos, apenas había estructura administrativa. Sin técnicos, no se pueden tramitar los expedientes ni cobrar sanciones», explicó.

La propuesta deberá ser ahora estudiada por las partes implicadas. El objetivo: alcanzar un consenso técnico que permita actualizar la ley sin perder de vista la experiencia acumulada en cada rincón del archipiélago

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