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El Gobierno de Canarias aprobó este lunes en Consejo el nombramiento de los integrantes del Consejo Canario de Defensa de la Competencia, según informó la administración autonómica. Este órgano tiene como objetivo principal promover y preservar el correcto funcionamiento del mercado, garantizando su transparencia y competitividad en beneficio de las personas consumidoras y usuarias del Archipiélago.
El nuevo organismo queda constituido por profesionales de reconocido prestigio con al menos 10 años de experiencia en los ámbitos económico, jurídico o mercantil. José Manuel Rodríguez, presidente de la Agrupación Territorial 14ª de Santa Cruz de Tenerife del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, asumirá la presidencia del Consejo. Además, es profesor en la Universidad Europea de Canarias y socio auditor en MACG Asesores Auditores, SL. Con él estarán Francisco Javier Ramos Real, catedrático de la Universidad de La Laguna y director de varias Cátedras de Energías Renovables, y María del Mar Arévalo Araya, abogada especialista en derecho civil y penal y administradora de Fincas. Arévalo fue diputada en el Parlamento de Canarias en el PP hace unos años.
Todos ellos tienen un perfil muy técnico.
El Gobierno de Canarias ha designado también suplentes para cada uno de estos cargos. Rafael Peña Cabrera, abogado y asesor fiscal, será el suplente del presidente; Beatriz Tovar de la Fe, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, actuará como suplente del primer vocal; y María Dolores Rodríguez Mejías, abogada y profesora universitaria, será la suplente de la segunda vocal
De acuerdo con el Decreto 85/2023, del 25 de mayo, este Consejo estará compuesto por una presidencia, dos vocalías y una secretaría general, cuyos miembros han sido propuestos por el consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez.
«El fin es promover y preservar el correcto funcionamiento del mercado, garantizando su funcionamiento transparente y competitivo en interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias«, señala el comunicado oficial del Gobierno canario.
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Según establece la normativa, a las reuniones del Consejo podrán asistir con voz pero sin voto aquellas personas invitadas por la presidencia, aunque se excluye expresamente la asistencia de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública.
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