Fuerteventura rechaza ampliar el BIC de Tindaya que enterraría el proyecto

La pelea política por Tindaya no ha finalizado. El servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura considera que no existe motivación arqueológica para ampliar el Bien de Interés Cultural (BIC) de la montaña «dado que no se han detectado grabados fuera del entorno actual de protección, que abarca unicamente la cima». De esta manera, la institución majorera se opone a la ampliación del perímetro protegido propuesta por la Consejería regional de Educación y Cultura, lo que 'de facto' imposibilitaría continuar con el proyecto de Chillida en Tindaya.

A principios de mayo pasado, la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno autonómico inició de oficio el expediente para la protección integral de los elementos arqueológicos y etnográficos de la montaña, por el que se ampliaba la delimitación de este BIC de Fuerteventura y Canarias.

Esta nueva delimitación de la Zona Arqueológica «Grabados Rupestres de la Montaña de Tindaya», en La Oliva, supone un incremento en las zonas arqueológicas documentadas y por consiguiente, la superficie a proteger dada su excepcionalidad, señalaba entonces la Viceconsejería en una nota. Esta actuación respondía a «nuevos datos arqueológicos y etnográficos» recogidos en una prospección arqueológica realizada en noviembre de 2020 y en el «Informe sobre los valores etnográficos de la Montaña de Tindaya», ambos trabajos promovidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno a petición del Cabildo de Fuerteventura.

En esta prospección no se incidió en los grabados podomorfos, puesto que ya habían sido incluidos en la delimitación del BIC «y estudiados e interpretados a lo largo de los años», sino que se centró en el estudio de todos aquellos elementos patrimoniales situados fuera de los límites del BIC.

Antes de que el Gobierno de Canarias incoara este expediente, el primer consejero de Cultura y Patrimonio Histórico de Fuerteventura de esta legislatura, Andrés Briansó (Podemos), indicaba en septiembre de 2019, pocos meses después de ocupar el cargo, que el Cabildo no tenía intención de seguir adelante con el monumento de Chillida en Tindaya. Por el contrario, su objetivo era reforzar la protección de la montaña y «defender los valores naturales y culturales» de este espacio majorero. El entonces presidente insular, Blas Acosta (PSOE), se cuidó de no secundar esta posición. Por el contrario, en declaraciones a EFE, indicaba poco después que, si de él dependiera, el monumento se haría.

Tras la dimisión de Acosta y la conformación de un nuevo Gobierno insular -presidido por Sergio Lloret de AMF con el apoyo de CC y PP-, parece que su idea es pelear por que continúe adelante el proyecto del escultor vasco. El Cabildo majorero ya ha puntualizado que, frente al expediente de ampliación del BIC del Ejecutivo, los informes de los técnicos del servicio insular de Patrimonio Cultural indican que «no existe motivación arqueológica» para la citada ampliación, puesto que no se han detectado grabados fuera del entorno actual de protección, que abarca unicamente la cima.

En la actualidad, dice este departamento, no ha habido nuevos estudios ni hallazgos que puedan motivar su ampliación o la incoación de un nuevo expediente BIC y concluye que el Cabildo de Fuerteventura «no comparte la postura del Gobierno canario de utilizar la catalogación de BIC para intervenir sin fundamento técnico en una decisión que debe corresponder a la ciudadanía majorera».

Después de años bloqueado, los gobiernos de Canarias y Fuerteventura constituyeron en febrero de 2016 la Fundación Canaria Monumento a la Tolerancia, que debía gestionar y dar forma al proyecto de Chillida para la montaña de Tindaya, después de que la familia del escultor cediera los derechos de la obra.

Esos derechos tuvieron que ser renovados porque no se cumplieron los plazos del acuerdo inicial que pasaban, como primera medida, por la realización de un estudio de viabilidad económica, de tal manera que los trabajos pudieran estar adjudicados a lo largo de 2017. El estudio aún no existe. Ese mismo año, Podemos pidió al Gobierno canario que iniciara los trámites para que la montaña fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. A finales de 2018, la Fundación dio el visto bueno al presupuesto y plan de actuación para 2019, que planteaba una consulta al mercado «como mejor medio para preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos activos en este tipo de obras, de los planes y requisitos que se exigirían para concurrir al proceso». Para ello se aprobó un presupuesto de 15.000 euros, «procedentes de aportaciones de terceros», ya que una de las premisas fijadas al constituirse esta entidad fue que no costara «ni un euro más» a las arcas públicas.

El proyecto lleva sobre la mesa de las instituciones canarias desde 1996. Casi siete legislaturas y 27 años en los que no se ha movido una piedra para dar forma al Monumento a la Tolerancia. Tampoco nadie ha dado cuenta cierta del gasto acumulado en este tiempo, ya que de forma oficial se ha dado distintas cifras. Así, en 2008, el exconsejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, señaló que hasta aquella fecha, la partida gastada ascendía a unos 26 millones. Sin embargo, en la legislatura pasada, se apuntó que el coste rondaba los 17 millones de euros.

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